Joaquín García Monge, Ante el Monumento Nacional

Ante el Monumento Nacional

Joaquín García Monge, Costa Rica 1881-1958

 

Repertorio Americano 3:29, 1921

San José de Costa Rica,

15 de setiembre 1921

A la memoria de Juan Rafael Mora, víctima de la "perversa política costarricense", como él certeramente la calificó antes de morir.
Presidente despierto de Costa Rica, y Libertador de Centro América, en los años memorables del [18]56-57. Militares a sueldo de la obligarquía capitalista costarriqueña, ignominiosamente lo fusilaron en Puntarenas, Costa Rica, el 30 de setiembre de 1860. Por supuesto, ahora tiene estatua.
Jóvenes estudiantes:
Como un testimonio de la gratitud nacional, erigióse un día este Monumento a los inmortales que en los gloriosos del 56 estuvieron resueltos a no consentir opresiones extrañas en tierras de Centro América, a vivir y a hablar por su cuenta y riesgo, en su propio nombre, de conformidad con las altas normas y el ejemplo de los augustos fundadores de estas patrias. Lo erigieron los mayores para perpetuar en el bronce las ínclitas hazañas de los elegidos y con ello inscribir excelsamente la perdurable lección que sirviera de ejemplo y estímulo a las futuras generaciones. Que los pueblos previsores y magnánimos recurren a los mármoles y a los bronces para simbolizar en ellos fechas memorables, y así ponerlas a salvo de olvidos o injusticias, o como columnas miliares a lo largo de la vida, para recordarles a los que vienen que no son hijos de las peñas, que tienen precursores admirables e ilustres y una tradición estimable que conocer, respetar y proseguir.
A estos monumentos se concurre en horas solemnes como la presente, a renovar la fe en los destinos de la Patria, a buscar inspiración y luces, enseñanzas y estímulos para continuar la ruta emprendida, en alto la cabeza y regocijado el corazón.
Lo erigieron los mayores para enseñarnos cómo se defiende con fiereza el suelo nativo, que da el sustento y la libertad; cómo es bueno morir, y se sabe morir sin cobardías, por causas dignas, cuando la injusticia y la opresión amenazan el decoro de la Patria; cómo pelean con audacia los pueblos que quieren darse patria, patria grande, y libertad; no en el aislamiento sino juntos, unos en las horas de peligro, unos en las esperanzas y los regocijos, unos en las tendencias hacia ulteriores y más halagüeñas realidades. Ayer los cinco pueblos de Centro América, mañana todos los del Continente hispano; porque vamos hacia la América Una, según la trayectoria espiritual de los homagnos y videntes de estas patrias nos han descrito y que sólo cierta ceguera nos impide verla. Con lo que también quisieron enseñarnos que la patria es obra de concordia, de cooperación y simpatía, que los hijos unidos hacen la patria superior con que los buenos soñaron. Con lo cual también quisieron decirnos que las guerras intestinas conspiran contra la integridad moral y territorial de la Patria y le abren la puerta a los extraños, que se aprovechan de nuestras debilidades y rencores; que nada es más funesto para una comunidad que las oligarquías vanidosas y ambiciosillas que convierten el gobierno en un bien privado y no en lo que debe ser, un bien público; y anteponen sus egoísmos repugnantes y sin escrúpulos a la suerte misma de la Patria. Con lo que también se indica a vuestros profesores que el risueño ideal de servicio, de ser útil a los demás, de cooperar, es la primera de las lecciones morales que ellos deben daros, jóvenes estudiantes.
Lo erigieron los mayores para advertirnos que la libertad hay que conquistarla y reconquistarla continuamente, que sólo se pierden los pueblos que se cansan de ser libres; porque si importa saber cómo fuimos libres, importa más saber cómo conservarnos libres, cómo mantener en asta firme la enseña de los libertadores: el problema que ellos resolvieron en el 56 sigue siendo nuestro problema. Para advertirnos que no basta haber heredado de nuestros abuelos la tierra que fue de ellos, sino conservar y cuidar la que será de nuestros hijos: porque los viejos supieron que uno de los ineludibles deberes del hombre y del ciudadano es la conservación, a todo trance, del suelo nativo; sin él no hay libertad económica y sin esta no hay soberanía posible. La tierra es la que sustenta a hombres libres. Los pueblos que venden sus tierras porque ya no quieren, no pueden o no saben cultivarlas con estudio y cariño, de propietarios se tornan inquilinos. Es digna de la escultura esta previsora y saludable advertencia del profeta Martí a sus pueblos de América: El suelo es la única propiedad plena del hombre y tesoro común que a todos iguala, por lo que para la dicha de la persona y la calma pública, no se ha de ceder, ni fiar a otro, ni hipotecar jamás
Enseña el Monumento que Centro América y la América entera, abiertas a los intereses de la civilización occidental, no se alzaron de las aguas para convertirse en factorías de los pueblos mercaderes y codiciosos, sino tierra de libertad para humanidades ansiosas de mejorar su vida y no tan solo de hacer negocios más o menos lucrativos, o de explotar nuestros recursos naturales; para gentes que vengan a construir sinceramente la patria de la nueva cultura, del hombre nuevo, que funda su prestigio y su decoro en vivir según las imperecederas normas de la justicia, la libertad, la belleza y la verdad.
Este Monumento rememora sucesos que le dan a Costa Rica, a Centro América, un sentido internacional en el Continente; que dicen cómo en días inolvidables los nuestros hablaron en su historia de pueblos pequeños y se crearon la conciencia de un cargo que cumplir en los destinos de nuestra América. Porque el buen suceso de la lucha contra el plan siniestro de Walker y de los mercaderes a él asociados, -si es que fue el de convertir a Centro América en una agencia de esclavos negros- en cierto modo desvió la iniquidad, que al extenderse, habría degradado a nuestra América, destinada por la Historia a empresas superiores de cultura. No se hizo la América para traficantes de esclavos.
Como se ve, no están desligados los sucesos históricos, que los pueblos chicos influyen a su vez en la suerte de los mayores. Sintamos, por lo mismo, la conciencia de que en estas tierras se han decidido y se decidirán acontecimientos de la Historia que tienen resonancias continentales. Así es la patria cuando se la comprende de veras, un estado de alma, de cultura, un estado de conciencia superior, conciencia de que se tiene una función y un valor, de que como hombres y como pueblos, hemos venido a este mundo a hacer algo que valga la pena. No en balde se dan patria los hombres, que se la dan para crear y crecer. Se habla de una conciencia nacional: pues bien, nada más difícil de adquirir que eso, que es mucho más que los meros instintos territoriales de un pueblo. Afortunados los países que en los fastos de sus progenitores, los nuevos hallan qué admirar e imitar. De tal admiración consciente les brota de las entrañas como un manantial de fuerzas espirituales fecundas que los hace verse más altos. En cambio, qué estéril y qué triste es la vida de los pueblos que padecen incuria, que ignoran lo que valieron sus precursores, que apenas si se dan cuenta de la indiferencia que va pagando en ellos sus ideales y entusiasmos. Se esculpieron en bronce las hazañas de los héroes, para declararnos una vez por todas que el pretérito debe conocerse y amarse, porque expresa una tradición que nos vincula con la Patria que hicieron los egregios finados de la familia. Para declararnos que hay que oír la voz de los próceres voz de la Historia, que guía a estas patrias por caminos mejores y más claros: que marchan sin brújula, y andan como a tientas, y están como perdidos, los países que no apoyan un pie en la tradición, que no consultan el testimonio autorizado de los mayores que más supieron de los negocios de sus pueblos, y los amaron, y por mejorarlos se desvelaron. El Monumento nos enseña lo que vale para una nación el espíritu previsor y vigilante de su Primer Magistrado y de cuán incalculables son los males de un pueblo que mira con indiferencia su suerte. Como también nos dice que no debemos desesperar nunca, porque en las horas tenebrosas e inciertas los pueblos tienen el gobernante oportuno que les hacía falta.
Enseña el Monumento que las leyes morales se cumplen inexorablemente y que no deben ser ultrajados los pueblos chicos por ser chicos; que también los poderosos se tambalean cuando fundan sus relaciones con los demás en el atropello y la injusticia. Y anticipándose en medio siglo a la reciente guerra europea [Primera Guerra Mundial 1914-1918], proclama que los pueblos pequeños, si son dignos, si no son serviles, si son ilustrados y laboriosos, también tienen derecho a ser libres como los grandes, y que si hay un coraje sagrado es el de los pueblos que se yerguen como un solo hombre en defensa de sus más caras libertades. Por eso ved, sentid vosotros, oh jóvenes, como un soplo de tempestad que agita las figuras del Monumento: Es el ademán como de fuerzas de la Naturaleza de pueblos nuevos en marcha, que aún empuñan la lanza porque todavía aletea en la sombra los genios del Mal y de la Perdición: que ya no brilla la codicia conquistadora en la punta de las bayonetas sino en el disco de las áureas monedas. Si es sumamente grave que aventureros extraños se atrevan a comprar la patria, lo sería mucho más, e ignominioso, que hijos del país de bruces se la vendieran. Conmovéos, pues, con esa resolución que se les ve a las esculturas de vencer y de ser libres; se yerguen a paso de victoria, antes y hoy, y mañana también. Jóvenes estudiantes, ¡si lo que aguardan estos sacros bronces y los sucesos que rememoran es el cantor inspirado, que los materiales del poema inédito y las proporciones homéricas de los héroes y de las hazañas ahí están ante vuestro amor y curiosidad!

El Monumento es simbólico y en ello, su valor espiritual permanente. Dice de la actitud vigilante y defensiva contra los enemigos malos de la Patria, contra los exteriores que la amenazaron un día, y pueden amenazarla, pero también contra los internos que la amenazan a todas horas. La Costa Rica de nuestros padres expulsó del suelo materno al filibustero calculista e inescrupuloso, pero la de nuestros días tiene que sacarse del alma la concupiscencia, la codicia del oro -en muchos ciudadanos- adquirido por medios fáciles o ilícitos; la pasión del lujo, y la frivolidad -en muchas ciudadanas- ; las cuantiosas deudas públicas y privadas, de lo que son secuela; la indiferencia por lo propio, la pereza, el alcoholismo, las enfermedades sociales y las discordias civiles, enemigos más terribles e implacables que los aventureros extraños: imponerse -como lo está haciendo la madre España- la disciplina creadora, constructora, del trabajo, del ahorro y del estudio, hasta hacerse digna de los progenitores en aspiraciones y realizaciones.
Es simbólico el Monumento y habla de batallas que soldados de Costa Rica , a toda hora pronta al sacrificio y al servicio, dieron por la libertad y la justicia; y habla de sucesos que aleccionan a un pueblo para que empuñe la lanza cuando las empresas libertadoras y justicieras lo requieran no más; y habla también de cómo los muertos ilustres cuyas hazañas rememora no están muertos, sino que han de revivir con sus enseñanzas y ejemplos, en la conciencia de sus conciudadanos: como guías en las nuevas batallas que son las que ganemos nosotros por la nueva cultura, en su nombre y en el de la Patria. Que si en la guerra memorable Costa Rica iba a la vanguardia, en la paz vaya también, por la sensatez, por el espíritu previsor, liberal y progresista de sus hombres y mujeres dirigentes.
Es un símbolo el Monumento y en él se yerguen altivas e indignadas las patrias luchadoras de ayer, esculpidas en forma de mujeres para enseñaros, oh señoritas -tantas señoritas como aquí veo-, que vosotras sois la Patria misma, que haréis sana y fuerte en los niños venideros, y formaréis honrada y pulcra, si ese es vuestro ideal y resolución inquebrantables, si para ello en verdad os han educado. Jurad al pie del Monumento Nacional, con la conciencia clara de que sois las mantenedoras y salvadoras de la Patria, de que ésta se redime si a vosotras se redime, de que a ella se ofende si a vosotras se ofende, de que la envilecen los que os envilezcan: jurad que de vuestros regazos saldrá la Patria nueva, sencilla, sin ostentaciones, estudiosa, laboriosa y previsora, preocupada cordialmente de sus sementeras y de sus niños. Que al fin de cuentas, jóvenes estudiantes, al corazón, a las entrañas mismas de la Patria con las mujeres se llega, y sin ellas al trastorno, la disolución y la muerte.
Joaquín García Monge

Tomado de http://www.Lospobresdelatierra.org

CARTA PASTORAL DE MONSEÑOR VICTOR SANABRIA MARTlNEZ SOBRE CUESTIONES SOCIALES, 29 de Junio de 1941

CARTA PASTORAL DE MONSEÑOR VICTOR SANABRIA MARTlNEZ SOBRE CUESTIONES SOCIALES

29 de Junio de 1941

El 10 de junio corriente, festividad de Pentecostés, día por excelencia de la universidad y catolicidad en la Santa Iglesia, el Santo Padre Pío XII, gloriosamente reinante, en memorable y substancioso mensaje, quiso "llamar la atención del mundo católico sobre un recuerdo digno de ser grabado en letras de oro en el Calendario de la Iglesia: el quincuagésimo aniversario de la publicación, hecha el 15 de mayo de 1891, de la trascendental Encíclica social de León XIII, la Rerum Novarum ", la más célebre y al mismo tiempo la más discutida de las encíclica s de aquel gran Pontífice, justamente llamada el Código Cristiano del Trabajo y "la Carta Magna que debe ser la base de toda actividad cristiana en materia social” (Enc. "Quadragesimo Anno", 15 de mayo 1931).

Trascendental en efecto es la Encíclica de León XIII. En ella aquel Pontífice, por requerido así las circunstancias de los tiempos, después de sobrio y maduro examen y severísima reflexión, condensó, o para decido más exactamente, codificó la doctrina social católica, especialmente la que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, y nos dio la interpretación, desde el punto de vista católico, de la tan debatida cuestión social. Como es evidente, León XIII no inventó ni introdujo doctrinas nuevas; simplemente aplicó, en uso de su autoridad suprema, en forma lógica y apropiada a las urgencias de los tiempos y a las nuevas necesidades económicas, la doctrina tradicional de la Iglesia en materias sociales, que no es otra, al fin y al cabo, que la que se halla fundamentalmente contenida en el Santo Evangelio. Aquella solemne declaración de León XIII venía a suplir, hasta con notorias ventajas, la que sin duda alguna habría emitido el Concilio ecuménico Vaticano, si no se hubiese visto forzado a interrumpir sus deliberaciones, al discutir el postulado acerca del socialismo presentado por uno de los Padres del Concilio, Mons. Gaspar Mermillod, obispo auxiliar de Ginebra y uno de los más notables precursores de la Rerum Novarum.

Cuarenta años después de la promulgación de la Rerum Novarum, el 15 de mayo de 1931, Pío XI, de feliz memoria, publicó otra encíclica de carácter eminentemente social, la Quadragesimo Anno, que señala el punto culminante de su pontificado y es el momento más feliz de su apostolado como doctor y maestro de la Iglesia Universal. Más que simple documento conmemorativo de la publicación de León XIII, la Quadragesimo Anno es un verdadero programa, amplio, progresivo y realista, de acción social cristiana, formulado con base en los principios asentados por León XIII, y a la luz de los nuevos hechos y de los nuevos fenómenos sociales en que tan fecundos fueron los tres primeros decenios del presente siglo. Pío XI ponía al día, si cabe la expresión, la doctrina católica contenida en la Rerum Novarum, y trazaba nuevas pautas y señalaba nuevas normas de acción social para que sirvieran de norte a los dirigentes sociales y espirituales de los pueblos en el difícil y necesario cometido de acertar prácticamente en la solución de tan arduos y complejos problemas como son los problemas sociales.

Tampoco el discurso de Su Santidad Pío XII fue de simple conmemoración de la publicación de León XIII, sino un sereno y objetivo análisis de la Rerum Novarum y aun de la Quadragesimo Anno. Es de presumir que si otras hubiesen sido "las circunstancias creadas por la guerra, que hacen que en muchos casos sean difíciles los contactos entre el Supremo Pastor y su rebaño", el Santo Padre, siguiendo el ejemplo de su antecesor inmediato, habría promulgado una encíclica conmemorativa de la Rerum Novarum. Ello no era hacedero en las circunstancias del momento. A la dificultad apuntada, de suyo tan valedera, se agregaba otra de mucha cuenta, a saber que las perturbaciones de los tiempos y las suspicacias de los hombres en la actualidad son tales que aun la más prudente y serena manifestación de la verdad puede servir de pretexto a quienes no sean "hombres de buena voluntad" para retorcer, con antojadizas e interesadas interpretaciones, el claro sentido de la palabra pontificia. Ya preveía el Pontífice, con clarísima visión, las irracionales susceptibilidades de los hombres en nuestros días, cuando escribía en su primera Encíclica:

"Para una afirmación doctrinal completa de las verdades contra los errores de los tiempos presentes, si hay necesidad de hacerla, se pueden escoger circunstancias menos perturbadas por los infortunios de acontecimientos exteriores. "

Por lo demás no era absolutamente necesaria la publicación de una nueva encíclica social, puesto que en los últimos diez años, desde la publicación de la Quadragesimo Anno, no se han presentado variantes de tal importancia en cuanto a la esencia misma de la cuestión social, que hicieran indispensable un nuevo análisis o reajuste doctrinal, de las enseñanzas y postulados de los Pontífices anteriores. A su debido tiempo, cuando Su Santidad en su prudencia lo juzgue conveniente, nos habrá de ilustrar sobre "los problemas y las empresas particulares, algunas sin duda completamente nuevas, que nuestra vida social ofrecerá a la Iglesia, al final de este conflicto que contrapone a tantos pueblos unos en contra de otros, lo cual es cosa difícil de rastrear o prever en este momento (discurso del 10 de junio).



Durante este año del jubileo de oro de la publicación de la Rerum Novarum, en casi todas las diócesis del orbe católico -con exclusión desde luego de las de aquellas naciones que se hallan envueltas por el turbión de la guerra-, los obispos, colectiva o individualmente, han publicado ya o están publicando cartas pastorales conmemorativas de la Encíclica de León XIII. Entre ellas citamos en particular la carta colectiva del Episcopado Mexicano, del 30 de Abril próximo pasado. Por nuestra parte hemos creído oportuno y conveniente adelantamos a la ocasión que ordinariamente nos brinda la celebración del mes del Rosario, con motivo del cual ha sido costumbre en nuestra Arquidiócesis dirigir a los fieles una circular o carta pastoral-, no precisamente para disponer y ordenar especiales actos conmemorativos de la Encíclica de León XIII, ya que por razones y circunstancias bien conocidas e independientes de nuestra voluntad, no existe todavía, a nuestro juicio, entre la gran masa de fieles, una comprensión útil de los motivos fundamentales que justifican la presente conmemoración, sino para encender "la noble llama del espíritu de hermandad social que hace cincuenta años inflamó el corazón" de los católicos "con la brillante y luminosa antorcha de las palabras de León XIII': y para provocar entre nuestros diocesanos "un vivísimo y fortísimo sentido social, sincero y desinteresado", y en particular para ilustrar algunos siquiera de los conceptos doctrinales de mayor relieve, contenidos en la Encíclica Rerum Novarum, los que en opinión nuestra sean de mayor urgencia y de más inmediata y útil aplicación y provecho dentro de nuestras realidades sociales, a saber los conceptos de las encíclicas pontificias relativos al justo salario.

Queremos, sin embargo, que este jubileo de la publicación de la Rerum Novarum, deje a nuestros amados diocesanos un recuerdo práctico de su celebración, y con ese objeto hemos dispuesto ya que se haga en nuestra Arquidiócesis, en competente número de ejemplares, la publicación de la Encíclica de León XIII, de la Quadragesimo Anno y del discurso de Su Santidad Pío XII, ya citado, a fin de que se ofrezca a todos los fieles la oportunidad de empaparse por sí mismos, mediante el estudio personal, de las doctrinas de la Iglesia en materias sociales. Nos ha movido a ello, además, el pensamiento de que hace cincuenta años, cuando León XIII publicó su Encíclica, en la Diócesis de San José no se pudo divulgar en forma satisfactoria el texto de la Rerum Novarum y menos comentarlo, por desgraciadas circunstancias que en aquel entonces coartaban la libertad de comunicación del Obispo con sus diocesanos, circunstancias que dichosamente han desaparecido del todo desde hace muchos años.

Antes de proceder a la exposición del tema propuesto, séanos permitido, ya que la presente pastoral sustituye la acostumbrada circular de Octubre, exhortar desde ahora muy encarecidamente en el Señor a todos nuestros diocesanos, para que -también por respeto y gratitud al Pontífice de los obreros y trabajadores, que fue al mismo tiempo el Pontífice del Rosario acerca del cual publicó tantos y tan fundamentales documentos solemnes-, se consagren con asiduidad y acendrado fervor, durante el todavía lejano mes de octubre, al rezo del Santo Rosario. Asimismo señalamos como intenciones especiales de los cultos parroquiales del mes del Rosario en nuestra Arquidiócesis, las dos siguientes: pedir por la paz del mundo, que es la misma intención prefijada expresamente por su Santidad a los cultos del mes de mayo, e impetrar del Señor, por intercesión de la Virgen Santísima en su título del Rosario, y de San José, patrono de los obreros cristianos, que haga prevalecer en el mundo, particularmente en nuestra amada patria, la justicia y la caridad en las relaciones sociales en general, singularmente en las relaciones entre el capital y el trabajo.

Por cuanto ello rima perfectamente con el propósito de esta pastoral, adelantaremos algunos criterios de interpretación de las encíclicas.

De las encíclicas sociales de León XIII y de Pío XI bien cabe decir que proclaman y contienen la "verdadera doctrina del evangelio" en materias sociales, y que, para usar una expresión de San Pablo (Col. 1, 6), expresan el muy vehemente deseo de la Iglesia de que ese evangelio "se propague entre vosotros así como en todo el mundo", crezca y fructifique. Dichas encíclica s son la clave moral y religiosa, no precisamente la económica y técnica, para la justa y equitativa resolución de todas las contiendas sociales, un tratado cristiano de la filosofía del trabajo que constituye la médula del sistema social cristiano. Pero es preciso leerlas e interpretadas en el mismo sentido y con el mismo espíritu con que fueron escritas, pues de otra manera acaecerá con ellas lo mismo que en su tiempo ocurría con las epístolas del Apóstol de las Gentes, que (II Petr. III, 16) "los indoctos e inconstantes pervierten su sentido, de la misma manera que las demás escrituras, para su propia perdición". Otro es el sentido y muy diferente el espíritu con que las lee e interpreta el afiliado a cualquiera de los sistemas sociales condenados por la Iglesia, y otro el sentido y el espíritu con que las debe estudiar el creyente.

La estructura fundamental de las encíclicas es de orden sobrenatural, aunque muchas de sus finalidades sean de orden temporal. Por consiguiente sus postulados serán eficaces y valederos en tanto que los interpretemos dentro del mismo espíritu sobrenatural con que fueron formulados. Muchas veces hemos visto y oído comentar y aun encomiar las doctrinas de las encíclicas, también por hombres que nada quieren entender del orden sobrenatural, con prescindencia maliciosa del fundamento y de la naturaleza íntima de ellas. Aceptan las conclusiones pero rechazan las premisas, rompiendo así la vinculación lógica indispensable que existe entre unas y otras. De aquí que a menudo se citen determinados pasajes de las encíclica s independientemente de su contexto y aun en contradicción con él, no para defender y propugnar las ideas de orden, de justicia y caridad evangélicas, sino para justificar y cohonestar sistemas doctrinales de que abomina la Iglesia y por tanto debe abominar el católico.

Es probable que en muchos de estos casos sea la malicia, la mala fe, la que inspire tales procedimientos, pero bien puede suceder que ello obedezca a incapacidad de los presuntos intérpretes para colocarse en el plano sobrenatural en que se han colocado los Pontífices, o al simple anhelo, por otra parte muy natural y justificado, que todos sentimos de aplaudir sentencias y doctrinas que parcialmente cuando menos coinciden con las nuestras.

Repetimos que las encíclicas pontificias son una construcción lógica en el más estricto sentido de la palabra. Sus conclusiones sociales y aun las económicas, en cuanto dependen de aquéllas, son la deducción obvia e integral de sus postulados sobrenaturales y dogmáticos, tan estrechamente ligados entre sí, que, cuando menos en el terreno de la especulación, no es posible aceptar las unas sin aceptar igualmente los otros.

No menos incorrecta y aun perversa es la interpretación de quienes, bien que admitan el fundamento sobrenatural de las encíclica s, aceptan de buen grado las conclusiones que parecen favorecer la clase social a que pertenecen, pero obstinadamente rechazan las que favorecen a la clase social opuesta, con olvido de que la razón de ser de la justicia que en favor de su clase proclaman las encíclicas es la misma de la justicia que vindican para las demás clases de la sociedad. Finalmente "indoctos e inconstantes" son los que se declaran no satisfechos o desilusionados por las soluciones propuestas en las encíclicas, por cuanto en ellas sólo muy de paso y en principio solamente, se proponen soluciones económicas concretas, como si fuera misión y función de la Iglesia y de los Pontífices escribir tratados técnicos de economía social y política, con lo cual ciertamente invadirían campos y se apropiarían de funciones que no son los suyos, campos y funciones que están reservados al Estado o a los dirigentes sociales.

Católicos y no católicos han incurrido, bien que en desigual proporción, en estos gravísimos errores de interpretación de las encíclicas. Fresco está todavía el recuerdo de aquellos patrones que se decían católicos, y que al aparecer la Rerum Novarum, sin que pretendieran desconocer la autoridad de la Iglesia ni renegar de los fundamentos doctrinales y dogmáticos de la encíclica, rechazaron sus conclusiones sociales y económicas hasta el punto de oponerse a la divulgación del documento pontificio entre los obreros y trabajadores de sus dependencias. Y hacemos, de propósito, este comentario, porque no es del todo imposible que algunos de nuestros católicos, poco familiarizados, quizá más por ignorancia que por mala fe, con los principios de justicia y de caridad que son esenciales a su profesión de cristianos, reciban escándalo, que en todo caso sería farisaico o pueril, al leer en las encíclica s o en los comentarios de ellas, sentencias y declaraciones que ellos calificarán de inconvenientes, por creerlas lesivas de sus intereses materiales, que de suyo serán duros y egoístas pero que en concepto de ellos son sagrados e intangibles. Recordemos todos los católicos que nuestra religión tiene que ser algo más que el simple cumplimiento de ciertos preceptos exteriores, pues la justicia del reino de Dios es justicia integral y quien no la cumple ni la practica en su integridad, o no está o no podrá entrar en el reino de los cielos.



Hecha esta introducción, que considerábamos indispensable para la recta comprensión de los textos de las encíclicas que se refieren al justo salario, procedamos a la exposición de nuestro tema.

En último término el eje de la llamada cuestión social es el salario, índice infalible de la justicia social. Por consiguiente a él se aplican ante todo, aquellos principios de orden religioso, de orden moral y de orden económico, asentados por los Pontífices en sus encíclicas. El orden económico, si quiere ser justo, no es independiente del orden moral y religioso, sino que está subordinado a éste. Con lo cual se tiene ya dada la razón por la cual corresponde a la Iglesia pronunciarse autoritativamente sobre el justo salario, como sobre todas las demás cuestiones sociales, y por qué la doctrina y las enseñanzas de la Iglesia urgen y estrechan la conciencia de aquellos a quienes se comunican. Las normas morales que propone la Iglesia en estas cuestiones sociales no son simplemente normas directivas, sino estrictamente preceptivas, mientras que aquellas otras que de suyo atañen al orden económico concreto, si es que en alguna ocasión por la necesaria conexión de materias alude a ellas, son, en general, antes directivas que preceptivas. "León XIII -dice Pío XII-, dirigió al mundo su mensaje con la profunda convicción de que la Iglesia no sólo tiene el derecho sino el deber de pronunciarse autoritativamente en los asuntos sociales. No fue su intención la de sentar principios directivos acerca del aspecto meramente práctico, que Nos podríamos llamar técnico, de la estructura social, porque El no ignoraba el hecho de que, como nuestro antecesor inmediato Pío XI, hace diez años lo subrayaba en su Encíclica conmemorativa, la Quadragesimo Anno, la Iglesia no pretende tal misión". Y no pretende tal misión ni siquiera con aquellas organizaciones obreras patrocinadas directamente por Ella, como lo evidencia el hecho de que expresamente rehúye el asumir las responsabilidades económicas técnicas de tales organizaciones, dejándolas por entero a la prudente gestión de los respectivos dirigentes.

Reconocen los Pontífices que, siendo como son claros y evidentes los principios de justicia que regulan todas estas cuestiones sociales, su aplicación práctica no deja de presentar graves y serias dificultades. Nada de extraño tiene, por consiguiente, que aún después de las declaraciones de León XIII, se hayan formado muchas escuelas y se hayan formulado muchas teorías, también entre los católicos, para dar con la clave de la aplicación práctica de aquellos principios. A ello han podido proceder los sociólogos y los dirigentes sociales católicos, autorizados, y más que eso, estimulados, por la misma palabra pontificia que a todos, y en primer término a los intelectuales y economistas católicos, pide su colaboración para llegar a la solución de los problemas sociales. Lo esencial es que no pierdan de vista, en el desarrollo de esas escuelas y teorías, los principios inmutables de justicia y de equidad, sobriamente definidos y propuestos en las encíclicas.

Nosotros no vamos a enunciar siquiera los postulados prácticos de esos sistemas y escuelas económicas en relación con la justicia de los salarios, por no ser ello necesario para el fin que nos proponemos, y porque, para usar una vez más las palabras de Pío XII, no puede ser intención nuestra la de sentar principios directivos acerca del aspecto meramente práctico y técnico de la estructura social de los salarios.

Establezcamos de una vez, a la luz de las enseñanzas pontificias, las condiciones necesarias e indispensables, en el orden religioso y moral, para que el salario sea justo con justicia siquiera que podríamos llamar mínima, y digamos al mismo tiempo quiénes son los llamados en primer término a impartir esa justicia, o en casos determinados, a complementarla.

Hablamos de las condiciones esenciales para que el salario sea justo con justicia mínima, pues que según escribe León XIII, "sabido es que para determinar la medida justa del salario, débense tener presentes muchos puntos de vista". Rechazaba con ello, León XIII, de antemano, lo que Pío XI llamó "ligereza de quienes creen que se puede resolver este gravísimo asunto -el del salario justo-, con el fácil expediente de aplicar una regla única, por cierto bien alejada de la verdad". Consecuentes con estas palabras los Pontífices se abstienen de enumerar en concreto todos esos puntos de vista, contentándose con puntualizar aquellos que bien merecen que se les llame fundamentales.

Pío XI, después de afirmar el carácter individual y social del trabajo, formula las reglas "por las cuales deben regirse y determinarse los salarios". "En primer término, escribe, hay que dar al obrero una remuneración que sea suficiente para su propia sustentación y la de su familia". León XIII, advirtamos de paso, no afirmó explícitamente en ninguna parte de su Encíclica, la necesidad absoluta del salario familiar, bien que éste está implícitamente vindicado en los principios que sustenta. En segundo lugar, dice Pío XI, "deben asimismo tenerse presentes las condiciones de la empresa y del empresario: sería injusto pedir salarios desmedidos, que la empresa, sin grave ruina propia y consiguientemente de los obreros, no pudiera soportar". En tercer lugar el salario "debe atemperarse al bien público económico”.

Encontramos ilustradas estas reglas en la Rerum Novarum, en la que León XIII enseña que son injustos los amos que "oprimen en provecho propio a los indigentes y menesterosos", que "toman ocasión de la pobreza ajena para mayores lucros", que defraudan el salario de los trabajadores o perjudican el ahorro de los proletarios ya sea por la violencia, el engaño o con los artificios de la usura. Más adelante escribe que "el salario no debe ser insuficiente para la sustentación de un obrero frugal y de buenas costumbres". De lo cual deduce las conclusiones siguientes: el salario no es justo por el simple hecho de que haya sido pactado entre el patrón y el trabajador, pues si bien el trabajo en cuanto es de carácter personal puede ser materia de libre convenio entre el patrón y el trabajador, no lo puede ser en cuanto es condición necesaria para la vida, es decir, en cuanto de él tienen derecho y aun obligación de sacar el sustento los trabajadores y sus familias; y finalmente, que el patrón que se prevale de la necesidad del asalariado para pactar o imponer un salario menor, hace violencia al trabajador, “y contra esta violencia clama la justicia”.

Casos pueden darse en que sea injusto el salario por parte del mismo trabajador. Prescindiendo de tantos y tantos casos particulares como podríamos aducir, señalamos estos dos principales: cuando el obrero niega su esfuerzo al patrón, y por tanto comete injusticia al recibir un salario que no ha ganado; y este otro señalado por Pío XI al condenar como falsa la teoría de que "el trabajo vale tanto y debe remunerarse en tanto cuanto se estima el valor de los frutos producidos por él, y que por lo tanto el obrero tiene derecho a reclamar todo lo que es producido por su trabajo", teoría sustentada, como es sabido, por el sistema socialista.



De cuanto hemos dicho se sigue que el salario llamado familiar, a saber, el que sea suficiente para la sustentación del trabajador y la de su familia, es tesis estrictamente católica. "El salario justo -dice un gran moralista y sociólogo católico (R.P. Arturo Vermeersch, S. 1. "Theol. Mor. 11, p. 420, n. 484)-, que en circunstancias normales debe satisfacerse de justicia por el trabajo, esta constituido por el salario familiar absoluto y además por aquella suma que según la estimación común debe añadirse, atendida la prosperidad general de los negocios". Llama salario familiar absoluto al que, incluido en él el trabajo útil de la esposa y de los hijos mayores, sea suficiente al obrero y a una familia corriente para su honesta sustentación, entendiendo bajo el nombre de familia corriente no la que por abusos neomaltusianos se vea reducida a uno o dos hijos solamente, sino la que según las circunstancias normales de las diferentes regiones integra el hogar medio de cualquier trabajador. No está sujeta la obligación de pagar este salario familiar a la condición de que en realidad el trabajador tenga una familia que sustentar. "El salario -dice el mismo moralista- en condiciones normales no puede ser menor que el que sea necesario para sustentar la familia, ya sea que de hecho exista ésta o no". De igual manera, según la doctrina aceptada en la Teología Moral, la obligación de pagar el salario familiar urge por justicia que llamamos conmutativa y no sólo en virtud de la justicia llamada legal.

Dijimos que el trabajo útil de la esposa y de los hijos mayores está ya comprendido dentro del concepto del salario familiar, pues como escribe Pío XI:

". . .justo es, por cierto, que el resto de la familia concurra con sus fuerzas al sostenimiento común de todos, como pasa entre las familias, sobre todo de labradores, y aun también entre los artesanos y comerciantes en pequeño; pero es un crimen abusar de la edad infantil y de la debilidad de la mujer. . ., es gravísimo abuso, y con todo empeño ha de extirparse, que la madre a causa de la escasez del salario del padre se vea obligada a ejercer un arte lucrativo, dejando abandonados en casa sus peculiares cuidados y quehaceres, y sobre todo la educación de los niños pequeños. "

No obstante que el salario familiar sea tesis netamente católica, reconoce Su Santidad Pío XI, y así lo hemos de reconocer todos, que "las circunstancias presentes de la vida no permiten ", que "los padres de familia reciban una remuneración suficientemente amplia para que puedan atender convenientemente a las necesidades domésticas ordinarias", pero al mismo tiempo afirma que "la justicia social pide que cuanto antes se introduzcan tales reformas que a cualquier obrero adulto se le asegure este salario ". es decir, el salario familiar. Determina todavía más claramente el mismo Pontífice los límites de este salario familiar, en la Encíclica Casti Connubii (31 diciembre de 1930), en la que escribe lo siguiente:



"Hay que trabajar, en primer término, con todo empeño, a fin de que la sociedad civil, como sabiamente dispuso Nuestro predecesor León XIII, establezca un régimen económico y social en el que los padres de familia puedan ganar y granjearse lo necesario para alimentarse a sí mismos, a la esposa y a los hijos, según su clase y condición; pues el que trabaja merece recompensa. Negar ésta o disminuirla más de lo que es debido, es grande injusticia, y según las Sagradas Escrituras, un grandísimo pecado; como tampoco es lícito establecer salarios tan mezquinos que, atendidas las circunstancias, no sean suficientes para alimentar la familia.. "

El salario familiar está subordinado, desde luego, a las posibilidades de la empresa o del empresario, y a las realidades del bien público económico, según expone el mismo Pío XI. En otras palabras, puede darse el caso y en verdad se da con mucha frecuencia, que el salario que se paga al trabajador sea objetivamente injusto por cuanto no alcanza a cubrir las necesidades del obrero y de su familia, pero subjetivamente no lo sea, si las antedichas posibilidades y realidades hacen materialmente imposible elevar la asignación del salario hasta aquel límite, que podemos llamar integral. Citaremos, para facilitar la comprensión de estas distinciones, solamente un ejemplo: el patrón que, habiendo escasez de trabajo, admite en su empresa más trabajadores de los que en realidad necesita, con el objeto exclusivo de que éstos no perezcan de miseria, y sin que por ello él o su empresa se enriquezcan o favorezcan indebidamente, no estará obligado a pagar ese salario integral aun cuando ciertamente deberá satisfacerlo en la proporción más equitativa y aun añadir aquello que dentro de sus posibilidades le indique su espíritu de caridad. "La misma justicia demanda -son palabras de Pío XI-, que con el común sentir y querer, en cuanto es posible, los salarios se regulen de manera que los más puedan emplear su trabajo y obtener los bienes convenientes para el sostenimiento de la vida”. Palabras éstas que implícitamente están declarando, además, que pecan contra la justicia social aquellos patrones o poseedores de riquezas que, desconociendo las funciones sociales de la riqueza, se niegan a emprender obras útiles o necesarias, con las cuales podrían dar trabajo a muchos obreros, sobre todo en los tiempos de escasez de trabajo.

Dentro de las limitaciones de una instrucción pastoral no es posible aducir muchos ejemplos ni explanar en todos sus detalles las múltiples cuestiones relacionadas con la justicia del salario. Bástenos indicar, para completar los conceptos ya expuestos, que en no pocos casos la injusticia o insuficiencia del salario no depende directamente del patrón, sino de otras causas, verbigracia, de la competencia desleal e injusta de los industriales y empresarios entre sí, y de los manejos de los especuladores, y por ende, en tales circunstancias la responsabilidad por la injusticia o insuficiencia de los salarios recae sobre tales empresarios y tales especuladores. Unos y otros, sobre todo los segundos, bien merecen el nombre de enemigos de la sociedad y justo es que sobre ellos recaigan las más severas sanciones sociales. Dígase lo mismo y en iguales términos, de aquellos trabajadores o gremios de trabajadores que establecen entre sí competencias de trabajo o de salarios, con la mira de perjudicar a sus propios compañeros de clase, o a las industrias y empresas que no son de su simpatía.

La ciencia económica ha demostrado, y lo confirma ampliamente la experiencia, que es muy difícil y a veces imposible determinar en concreto la suma o cantidad de1 salario justo, debido a la multiplicidad de factores que es preciso considerar para llegar a aquella determinación, factores muchos de ellos, que están fuera del control absoluto de los dirigentes sociales y del mismo Estado. Pero lo que no alcanza la ciencia económica y no pueden los dirigentes sociales, puede lograrlo otra virtud que entra a la parte junto con la justicia en la regulación de las relaciones sociales, la virtud de la caridad. Escribe Pío XI:

"Cómo se engañan los reformadores incautos que desprecian soberbiamente la ley de la caridad, cuidando sólo de hacer observar la justicia conmutativa. Ciertamente la caridad no debe considerarse como una sustitución de los deberes de la justicia que injustamente dejan de cumplirse. Pero aun suponiendo que cada uno de los hombres obtenga todo aquello a que tiene derecho, siempre queda para lo caridad un campo dilatadísimo. "

Haya caridad en los patrones, esto es, haya en ellos conciencia cristiana: convénzanse los ricos de que la riqueza tiene una función social que cumplir, misión de justicia y de caridad, y aun de generosidad, y se habrán salvado los escollos con que tropieza la ciencia de la economía para tasar la suma legítima del salario. Suma legítima del salario, dijimos, porque la tesis católica no se contenta de suyo con el salario que hemos llamado mínimo, sino que consecuente con sus principios sostiene que el salario debería ser tal que a más de permitir al obrero sustentarse y sustentar a su familia, debería facilitarle el ahorro y aun darle la posibilidad de que se convierta él mismo en propietario. Haya apreciación sobrenatural de las funciones de la riqueza y de los nobles e indispensables oficios del trabajo, y habrán desaparecido o cuando menos se habrán mitigado las oposiciones y contradicciones entre el capital y el trabajo.

El Señor Presidente de la República en su mensaje inaugural habló de sus anhelos de apoyar y propulsar las reivindicaciones de la justicia social entre sus gobernados, con base en las encíclicas de los Pontífices. Porque "el Estado -escribía León XIII y lo recordaba Pío XI-, no puede limitarse a ser un mero guardián del derecho y el recto orden, sino que debe trabajar con todo empeño para que conforme a la naturaleza y a lo institución del Estado, florezca por medio de las leyes y de las instituciones, la prosperidad tanto de la comunidad cuanto de los particulares". Ambos Pontífices enseñaron, además, que la intervención del Estado en la cuestión social es legítima y obligatoria y necesaria, dentro de límites determinados. Pío XII, en su discurso tantas veces citado, dijo que:

". . .en lo estructura general del trabajo, para estimular el desarrollo sano y responsable de todas las energías físicas y

Espirituales, de los individuos y de sus organizaciones libres, se ofrece a lo autoridad civil un amplio campo de acción en que ella interviene con sus actividades integradoras y coordinadoras. "

Debe el estado, en estas materias, escribe Pío XI, "dirigir, vigilar, urgir y castigar, según los casos y lo necesidad lo exijan. "

Hacemos mención expresamente de estas funciones, derechos y deberes del Estado en materias sociales, y desde luego en la regulación de los salarios y en la distribución del trabajo, para recordar una vez más, que según las enseñanzas de los Pontífices, y de acuerdo con la diversidad de funciones que por voluntad de Dios corresponde a ambas sociedades, la eclesiástica y la civil, las funciones y deberes del Estado comienzan ahí donde terminan las de la Iglesia, y para observar que las leyes sobre materias sociales que da el Estado -en el supuesto desde luego que sean justas, y serán justas si no son excesivas-, obligan en conciencia y su quebrantamiento constituye un pecado que no pocos casos puede traer consigo una de las obligaciones esenciales de la justicia conmutativa, la restitución.

Pasemos ahora a hacer algunas consideraciones de orden práctico en relación con esta ardua y delicada cuestión del salario justo.

El salario es el índice más seguro para juzgar de la justicia o de la injusticia social predominante en una nación. En general se aprecia la mayor o menor injusticia de los salarios, por la mayor o menor suma de bienestar material y aun espiritual de que gozan las clases sociales que viven del salario, y que en todas partes constituyen el núcleo mayor de la sociedad.

Es evidente que sin una formación especializada en las ciencias sociales, y sin el estudio de los complicados datos estadísticos de la economía social e internacional y de los índices más seguros de producción, distribución y consumo de los productos y del costo medio de la vida, variables según los tiempos y las regiones y las personas, no es posible que dicha apreciación sea aproximativamente exacta. Quede reservado a otros, en particular a los organismos responsables del Estado, formular aquellos datos y disponer estos índices y determinar con la máxima probabilidad la justicia o injusticia de los salarios que reciben nuestros trabajadores, que esa no es función nuestra. Pero aun sin tener a mano tales datos e índices, podemos emitir una opinión, que más bien quiere ser apreciación de conjunto, como la puede emitir cualquiera persona discreta, acerca del bienestar económico de que suele gozar la generalidad de nuestros trabajadores, y por consiguiente acerca de la justicia del salario que reciben.

Queremos que nuestra opinión sea respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Se observan, en general, y con una relativa aproximación, las reglas pontificias acerca del salario justo, en nuestra patria? ¿A qué distancia están los salarios medios de nuestros trabajadores de aquel mínimum de justicia sin el cual no es posible que haya rectitud de conciencia y espíritu de justicia en nuestros patrones? ¿Se justifica que hayamos escogido como tema de esta instrucción pastoral, la justicia del salario, entre tantas otras lecciones sociales cOmo podríamos haber entresacado de las encíclicas pontificias?

A juzgar por la miseria que reina en las viviendas de la mayor parte de los trabajadores, por la pobreza e insuficiencia de sus vestidos, por lo escaso y pobre de su nutrición y de la de sus hijos, y por otros detalles que saltan a la vista, esos salarios no son suficientes en la gran mayoría de los casos, especialmente entre los trabajadores rurales. Hemos dicho que no son suficientes. Expresamente hemos evitado el calificarlos de injustos, porque son muchos los factores que es preciso considerar antes de determinar en concreto si hay injusticia en la asignación de los salarios y quién es el culpable, si lo hay, de tal injusticia.

Resulta mayor esa insuficiencia de los salarios medios de nuestros trabajadores si tenemos presente que la gran mayoría de éstos no puede materialmente ahorrar ninguna cosa para los tiempos malos, para asegurarse el sustento en la vejez y en los casos de enfermedad, y para asegurar un relativo bienestar a los suyos después de su muerte. Otras veces la insuficiencia de los salarios obedece a otras causas, nominalmente a la carencia de trabajo contante, por manera que aun siendo más o menos altos los salarios en algunas épocas del año, son insuficientes en sentido absoluto, por cuanto en pocas semanas o meses de paro o cesación del trabajo se ven obligados los trabajadores a consumir totalmente los escasos excedentes que acaso hayan acumulado en los tiempos bonancibles.

Con tales antecedentes no es de extrañar que sólo mediante un extraordinario caudal de paciencia y una buena dosis de conformidad, puedan los trabajadores resignarse a las durezas de su suerte. Bueno es que se predique resignación y honradez al trabajador, y con gusto lo hace la Iglesia, porque esa es su misión, pero también es necesario que se predique justicia y caridad a los patrones y se les diga con cristiana sinceridad -a aquellos se entiende que entran en la categoría de injustos- que si hasta aquí han cometido injusticia con sus trabajadores, cumplan en adelante la justicia con ellos; que si hasta aquí han sido egoístas y duros de corazón, en adelante sean generosos y caritativos; que si hasta aquí se han considerado como clase. privilegiada y a sus bienes y riquezas exclusivamente como medio de satisfacer sus placeres y no como objeto sobre el cual recae una gravísima responsabilidad social, comprendan en adelante que en la comunidad cristiana no hay ni puede haber clases privilegiadas, es decir, exentas de cumplir sus deberes sociales, con detrimento de los demás miembros de la comunidad. A ello se llegará, ordenadamente, mediante la formación de la conciencia de los patrones acerca de las responsabilidades sociales del capital.

Palabras son éstas que por lo desacostumbradas en las instrucciones pastorales, podrán ser tildadas de demagógicas por el egoísmo de muchos, pero que en verdad las encontramos casi literalmente consignadas en las encíclicas pontificias, que ciertamente no pecan de imprudentes ni pueden ser calificadas de subversivas.

Desde luego cometen injusticia o aumentan la insuficiencia de los salarios, los trabajadores que, o emplean en vicios lo que estaba destinado al mantenimiento de los suyos, o gastan en lujo o en cosas inútiles o menos útiles el fruto de su trabajo. Juzgamos, por muchas indicaciones, que ésta es otra de las graves y más generalizadas causas de la insuficiencia del salario de nuestros trabajadores, y del estado de miseria en que vegetan muchas familias. Y así como se habla de injusticia en el pago de los salarios, bien puede hablarse de injusticia en el gasto de los mismos; injusticia contra sí mismos y contra sus familias de parte de los trabajadores, y también injusticia contra la sociedad, porque también el salario tiene una misión social que cumplir.

Ya se ha dicho que el Estado tiene derechos y obligaciones perentorias con respecto a las cuestiones sociales, y muy particularmente con respecto al salario de los trae bajadores. Las leyes justas que dicta sobre tales materias, obligan en conciencia.

Ahora bien, entre nosotros ya se han hecho las primeras tentativas, y con satisfactorios resultados, y en la actualidad se preparan nuevos proyectos de leyes sociales que merecen toda la simpatía y el apoyo de la Iglesia, para intervenir en la asignación de los salarios o en el complemento de los mismos: el seguro social. Se ha fijado ya lo que se llama salario mínimo, que de ninguna manera debe confundirse con lo que, al hablar de las condiciones de justicia del salario, hemos llamado de igual manera. El Estado ha fijado la cantidad mínima que deben pagar los patrones a sus trabajadores so pena de incurrir en determinadas sanciones legales. Esta ley obliga en conciencia como norma mínima del salario, y no dudamos en afirmar que el patrón que no la cumpliera está obligado a la restitución. De mucha trascendencia son así mismo las leyes sobre accidentes de trabajo.

Existen otras disposiciones legales que tienden, siquiera indirectamente, a suplir la deficiencia del salario de los trabajadores. Tales son muchas leyes sobre beneficencia pública, verbigracia las que determinan el llamado impuesto de beneficencia, destinado al mantenimiento de los hospitales. Y decimos que esta disposición legal suple o complementa los salarios de los trabajadores, porque de suyo el salario debería alcanzar al trabajador en circunstancias normales para atender su salud y la de los suyos, pero como en verdad no le alcanza para ello, el Estado le abre gratuitamente las puertas de los hospitales y de las instituciones de beneficencia, que sostiene mediante determinados impuestos sobre la riqueza. Por la nobleza de los fines de estas disposiciones legales creemos igualmente que, salvo casos excepcionales, no pueden éstas considerarse como simples leyes fiscales, sino como justa contribución de la riqueza y de los ricos al bienestar de la comunidad en que viven y que les asegura su propia tranquilidad.

Concurren con el Estado a suplir o complementar la insuficiencia de los salarios, la caridad y la beneficencia privada y la organizada por las instituciones religiosas, entre las cuales citamos con honor las Sociedades de San Vicente de Paúl, ya fundadas en muchas parroquias y que desearíamos ver establecidas en todas ellas. Y ¿por qué no habría de contribuir en la medida de sus posibilidades, la caridad privada que podríamos llamar patronal, es decir la de los patrones como tales? ¡Qué hermoso y al mismo tiempo qué justo sería que los grandes capitalistas dejaran en su testamento legados especiales en favor de sus trabajadores, particularmente en favor de aquellos que durante años y años les han ayudado a amasar o a aumentar sus capitales! Sería éste, quizá, hasta un descargo de conciencia por lo que de insuficiencia o de injusticia hubiese podido haber. Son un llamamiento a la justicia y a la caridad, a la concordia ya la unión de las clases sociales, a la conciencia y al deber cristiano.

Terminaremos esta nuestra institución pastoral con la expresión del deseo muy vivo de que el estudio de las encíclicas provoque entre nosotros "el nacimiento de un vivísimo y fortísimo sentido socia/", pero sentido social cristiano; y con estas palabras tomadas del discurso de Su Santidad Pío XII, del 1o del corriente, que dirigimos por igual a los sacerdotes y a los fieles:

"Mantened encendida la noble llama del espíritu de hermandad social que hace cincuenta años de nuevo inflamó el corazón de vuestros padres con la brillante antorcha de las palabras de León XIII; no dejéis ni permitáis que le falte su alimento. Hacedla resplandecer con vuestro homenaje y no consintáis que se apague por causa de una indigna, tímida y cauta inacción, ante las necesidades de vuestros hermanos indigentes, o que sea ahogada por el polvo y la suciedad y luego vencida por los torbellinos del espíritu anticristiano o acristiano. "

Formulamos asimismo el voto al Señor de que apresure los tiempos en que nuestra naciente y todavía endeble organización de la Acción Católica, pueda desarrollarse con toda pujanza en todas nuestras parroquias, para que ponga su mano también sobre este arado, la dirección del movimiento social cristiano en nuestra República. En ella, en la Acción Católica, tenemos puesta nuestra confianza, y nuestra esperanza no fallará.

La presente carta pastoral será leída en todas las iglesias y oratorios de nuestra

Arquidiócesis, en la forma acostumbrada.

A todos os enviamos, con afecto profundo, nuestra bendición pastoral. En el

Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Dada en el Palacio Arzobispal de San José, a los veintinueve días de Junio de mil novecientos cuarenta y uno, festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo.

VICTOR,

Arzobispo de San José de C. R.

Por mandato de S. E. Revma.

MIGUEL CHAVERRI R., Pbro. Canónigo Secretario.

CARTA PASTORAL DE MONSEÑOR DR. VICTOR SANABRIA MARTINEZ CON MOTIVO DE LA TOMA DE POSESION DE SU CARGO, 28 de Abril de 1940

CARTA PASTORAL DE MONSEÑOR DR. VICTOR SANABRIA MARTINEZ CON MOTIVO DE LA TOMA DE POSESION DE SU CARGO


28 de Abril de 1940

(párrafos)

¡La cuestión social! Palabra, hoy, de trascendental valor. ¿Qué ha hecho la Iglesia por resolverla y qué puede hacer al presente en ese mismo sentido? ¿Qué podemos hacer nosotros los sacerdotes en nuestra patria, en ejercicio de la representación moral y espiritual de que estamos investido s, en favor de la cuestión social? He aquí dos preguntas cuya contestación interesa por igual a la conciencia católica y a la conciencia no católica.

A la primera de ellas, a saber, qué ha hecho la Iglesia Católica, qué han hecho los Romanos Pontífices, para resolver este problema, tan antiguo como la misma humanidad, contestan con soberana autoridad León XIII en la Encíclica "Rerum Novarum" (15 de mayo de 1891) y Pío XI en la Encíclica "Quadragesimo Anno" (15 de mayo de 1931 ).

Toda sociedad que se precia de cristiana encontrará la solución última y perfectamente acabada de tan candente problema, en la observancia de la ley evangélica, que es la norma de supremo equilibrio de los diversos factores sociales que entran a la parte en la solución del problema, pesados en la balanza de la justicia y de la caridad. Desgraciadamente la flaqueza de voluntad de los hombres y su renuencia a adaptarse a aquellos principios, por una parte, y la pugna y oposición sistemática de intereses económicos egoístas con aquellas justísimas reglas, por otra, han desplazado siempre y desplazan ahora el problema hacia otros campos, económicos, políticos y sociales, no siempre al alcance de la autoridad religiosa. La doctrina social del cristianismo, cuyo conocimiento, siquiera en sus rasgos fundamentales, no escapa a la comprensión media de todas las clases sociales, nos impone a nosotros, ministros de la Iglesia, el deber de estimular la voluntad colectiva e individual a acomodarse a ella, persuadiendo a los unos, a los sinceramente creyentes, de que es ineludible exigencia de su fe, a los otros de que por equidad humana cuando menos deben hacer honor a aquellas reglas, y a todos de que la cuestión social es de tal naturaleza y urgencia que si no la resolvemos en el orden, en la justicia y en la caridad se comprometerá en el desorden y en la injusticia y en la violencia. Este es, ante todo, el terreno en que hemos de cooperar nosotros a la solución del problema social. Los otros, principalmente los económicos y los políticos, están por lo general fuera de nuestra esfera de influencia. Pídasenos, por consiguiente, el cumplimiento de nuestro deber -que a ello tiene perfecto derecho la sociedad a cuyo servicio estamos-, en aquello que cae en primer término dentro del ámbito de nuestra misión. Más -aún, cualquiera que fuere la autoridad que eventualmente llegáramos a poseer en cualquier otra esfera de acción, habríamos de ponerla igualmente y sin reservas a disposición de quienes como nosotros, aunque situados en otros campos, están sinceramente interesados en la solución de la cuestión social. Damos lo que tenemos, que en verdad sería suficiente para él efecto intentado, si se quisiera oímos, con sinceridad. Somos una fuerza para la solución del problema social, pero no somos toda la fuerza que para el caso se requiere. No pocas veces esa fuerza es nula porque nuestra voz es voz que clama en el desierto. Creemos que nadie podrá enrostrar de buena fe a la Iglesia, que no acuerpa con su autoridad cuantas medidas y reformas sanas imponen o impongan quienes para ello tienen el poder, los medios y la fuerza de compulsión social en el terreno político, económico y social, para resolver esta cuestión.

"Cuestión tan grave -decía León XIII hablando de la cuestión social (Enc."Rerum Novarum"), demanda la cooperación y esfuerzos de otros, es a saber, de los príncipes y cabezas de los Estados, de los amos y de los ricos, y de los mismos proletarios': Y confirmando lo que antes había escrito, a saber, que la cuestión social "es una en la cual no puede esperarse ninguna solución aceptable, sino en la intervención de la Religión y de la Iglesia", asegura que "serán vanos cuantos esfuerzos hagan los hombres si desatienden a la Iglesia. "

Esta intervención de la Iglesia, por lo que a nosotros se refiere, y habida cuenta de las limitaciones que nos imponen las circunstancias, debe partir de las consideraciones siguientes:

Ningún país, ningún estado, aun entre los de instituciones sociales más adelantadas, ha logrado imponer en toda su amplitud la solución de la Iglesia, no por incompetencia o deficiencia del contenido práctico de ésta, sino por la rebeldía, a veces organizada, de los diversos factores que han de entrar a la parte en ella, a someterse con docilidad y de buena fe a las conclusiones que de ella se desprenden. Esta consideración, exacta en su fondo y no menos exacta en sus detalles, nos obliga a ser modestos en la estimación de nuestras fuerzas, sin que esto signifique en forma alguna que hemos de ser débiles ni mucho menos remisos en la proposición de los medios que reconocen por autora a la Iglesia.

En segundo lugar, no hemos de perder de vista que vivimos en una comunidad de formación civil, política y económica reciente y por tanto, poco desarrollada, y que nuestros problemas sociales no son exactamente idénticos a los de otras naciones. Por consiguiente, no hemos de extrañar que no hayamos acertado todavía a resolver en toda su complejidad una cuestión que pueblos de más avanzada cultura social, de más perfecta organización agrícola e industrial, no han logrado resolver. La misma Santa Sede no logró resolver el problema en los Estados Pontificios cuando los poseyó, ni creemos que lo podría lograr ahora si los poseyera en la actualidad, sin que ello implique imperfección o insuficiencia de la doctrina social por ella proclamada, porque se lucha contra la oposición irracional de ciertos elementos sociales que no pueden ser reducidos con la simple persuasión moral y religiosa, y porque existen otros factores sociales, económicos y políticos de orden interno y de orden externo, los de interdependencia de los estados, que escapan al control ordinario de los dirigentes sociales.

Todo radicalismo en materias sociales es pernicioso. Mientras las ideas socialistas, y sobre todo las comunistas, no tuvieron oportunidad de hacer la experiencia de sus doctrinas utópicas en ninguna comunidad civil o política organizada, pudieron los doctrinarios socialistas y comunistas soñar en que sus soluciones eran perfectas. Hoy, después de no pocas experiencias, especialmente la rusa, habrán llegado a la convicción práctica de que sus teorías son las menos indicadas para intentar siquiera la solución de los problemas sociales.

Queda solamente el camino de la solución paulatina, ordenada, pero constante, en que intervengan la Iglesia, el Estado y las partes interesadas, movidos todos por una decidida voluntad de perfeccionamiento humano. Preparar el terreno, disponer los ánimos en favor de aquella solución, esa es la misión de la Iglesia. El Estado, en cuyas manos está la compulsión física, tiene bien definida su misión en la naturaleza misma de los fines para los que ha sido constituido. Ya se entiende que esa acción del Estado debe liberarse de aquellos excesos con razón condenados por Su Santidad Pío XII en su primera Encíclica, y que ni ha de destruir al individuo ni anularlo en favor de la comunidad, que eso sería abierta e insoportable tiranía, ni ha de exaltar en forma desmedida los derechos del individuo en perjuicio de los de la comunidad, que eso sería anarquía y libertinaje.

Hay, dichosamente, en nuestra patria voluntad sincera de parte de la Iglesia y de parte del Estado, para adelantar en la solución ordenada del problema social, voluntad que con mayor o menor perfección alientan asimismo nuestros partidos políticos. La legislación en materias sociales ha progresado bastante. No vamos a reseñar siquiera las varias leyes de carácter social o conexo con las sociales, que se han dictado en los últimos años. Y he aquí un fenómeno digno de observación: no se han producido reacciones organizadas en contra de aquella legislación, índice evidente de que los elementos sociales afectados por esas reformas están animados de no poca sinceridad y comprensión social. No hemos llegado a la perfección ni en cuanto a las leyes sociales ni en cuanto a la aplicación de las mismas, pero marchamos con paso seguro en el camino de las soluciones definitivas. En el estado actual de nuestra evolución política, social y económica esto significa mucho.

Hace algunos años apareció en nuestra arena política la organización comunista, que desgraciadamente ha reclutado bastantes adeptos, no obstante la impugnación sistemática que de los principios comunistas ha hecho la Iglesia en su predicación. Su obra ha sido eminentemente política, y en cuanto dice relación al mejoramiento social efectivo, negativa. Han enarbolado, como señuelo, la bandera de las reivindicaciones sociales, exponiendo al pueblo las consabidas soluciones simplistas patrocinadas por el comunismo doctrinario, que, puestas en práctica en Rusia, el gran taller de experiencias sociales del comunismo, con todos los recursos sociales y económicos de una gran nación, han dado los tristes resultados por todos conocidos. La experiencia rusa es el supremo y rotundo fracaso de las teorías comunistas. La Iglesia combatirá siempre, por motivos religiosos y sociales, por convicción y sin descanso, al comunismo. Serán los políticos los que lo combatan y venzan en el terreno político.

Razones políticas y de diversas órdenes, en todo caso razones que hasta ahora han encontrado una justificación histórica relativa en las estrecheces y orientaciones del ambiente, explican que no hayan aparecido todavía en nuestro medio agrupaciones políticas que inspirándose integralmente en los criterios de las Encíclicas "Rerum Novarum" y "Quodragesimo Anno ", esto es, en los criterios de la Iglesia, hayan incorporado a su programa o ideología política, con carácter definitivamente concreto, declaraciones programáticas específicas en relación con la cuestión social. No es la Iglesia, no somos nosotros, los llamados a proponer ni mucho menos a impulsar la formación de esas agrupaciones en cuanto son políticas, pero si llegaran a constituirse con esa orientación específica, no habría razón alguna para que los católicos, sin gravamen alguno de conciencia formaran en sus más. En materias estrictamente políticas no tenemos ningún derecho a intervenir, que ese campo es vedado para nosotros, pero no creemos apartamos un punto de la línea de conducta a que estamos ligados en virtud de nuestro ministerio, al pensar que determinadas inquietudes de orden social, que se han acogido a los campamentos comunistas, podrían encontrar su interpretación sana y ortodoxa, y por tanto católica, en otras agrupaciones políticas, nuevas o antiguas, que con desinterés y con la máxima sinceridad quisieran expresar más concretamente sus aspiraciones de mejoramiento social en programas bien definidos.

Resumiendo cuanto hemos venido diciendo acerca de la cuestión social y acerca de su solución, afirmamos que la Iglesia favorece con decisión toda idea sana de mejoramiento social, y que hace y hará de su parte cuanto permitan las circunstancias para impulsar y propulsar ese mejoramiento.

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, DOCTOR DON RAFAEL ANGEL, 1944

MENSAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE  LA REPUBLICA, DOCTOR DON RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA

PRESENTADÓ AL CONGRESO CONSTITUCIONAL



1° de mayo de 1944



Señores Diputados:



Cumple hoy a mi deber de gobernante, el honor de comparecer ante vosotros, dignos representantes del pueblo, a rendiros el informe del último año de mi administración, la que concluye el 8 de los corrientes.



Han coincidido los cuatro 'años de este gobierno, con una de las épocas más azarosas de la historia, pues asumí el Poder ya iniciada la guerra mundial que aún continúa y que tantos trastornos ha causado a la humanidad. Por fortuna, la situación de las Democracias en la lucha es hoy tan ventajosa, que nadie puede poner en duda su triunfo, pero para llegar a esa situación preponderante, se han padecido enormes sacrificios cuyos inevitables reflejos, a pesar de nuestro cotidiano e infatigable esfuerzo por contrarrestarlos, llegaron también a nuestras playas y afectaron hondamente la situación financiera del país. Ello no obstante, mi administración, contando siempre con la desinteresada y patriótica colaboración de esta Cámara, ha realizado una obra de vastísimas proporciones, a la cual he ido refiriéndome en mis sucesivos mensajes anuales, completados ahora con este último, y tengo la satisfacción íntima de no haber escatimado esfuerzo alguno por el supremo bien de la República, y de haber cumplido fielmente con mi deber.



RELACIONES EXTERIORES



En cuanto a nuestras relaciones internacionales, pláceme consignar que se ha mantenido invariablemente la norma de estrecharlas más y más cada día, de acuerdo con nuestra tradición al respecto y con el imperativo de la hora presente, y que se ha continuado ofreciendo nuestra máxima posibilidad de colaboración a las Naciones Unidas en el actual conflicto bélico. Afortunadamente, como dije antes, la victoria final es tan segura como inminente y ella vendrá a consolidar la fraternidad internacional que ansiamos todos los partidarios de la paz, de la justicia y de la libertad.



La corriente de acercamiento interamericano tuvo una nueva manifestación entre nosotros, al ser elevadas al rango de Embajada la Representación Diplomática de México en Costa Rica, y la nuestra en esa Nación hermana, con la cual mantenemos tan estrechas y cordiales relaciones.



Dentro de esa misma política de acercamiento intercontinental, y atendiendo a cordial invitación hecha al efecto al Gobierno, se envió una Misión Especial ante el Gobierno de la República Dominicana para que representara a Costa Rica en los festejos conmemorativos del primer centenario de la fundación de esa República, ceremonias en las cuales estuvieron representadas, sin excepción, todas las naciones de América.

Pláceme consignar asimismo que continúa efectuándose sin ningún tropiezo el deslinde de nuestra frontera Sur, de acuerdo con el Tratado de l° de mayo de 1941, que puso fin a la cuestión fronteriza entre Costa Rica y Panamá. Acerca del particular, renuevo aquí el sentimiento de profunda pena con que recibimos la infausta noticia del fallecimiento del Arbitro chileno Ingeniero don Carlos Henríquez, ocurrida en Panamá, y el agrado con que acogimos la designación que, para llenar la vacante, hizo el Excmo. Señor Presidente de Chile, Doctor Juan Antonio Ríos, en el Ingeniero chileno don Santiago Labarca, cuyos brillantes atributos personales, como en el caso del Ingeniero Henríquez, constituyen prenda segura de acierto en sus funciones, y bien justificada causa de amplia y absoluta confianza.



En el ramo de Justicia y por vía de ensayo, dentro del propósito de mejorar el régimen penal, adecuando la pena a la finalidad filosófica de la misma, que persigue el mejoramiento del delincuente, habituándolo a una vida de probidad y de trabajo, se dispuso la creación de una Colonia Agrícola Penal para que en ella descuenten su pena de prisión los reos que el Consejo Nacional de Prisiones escoja, tomando en cuenta las condiciones personales de cada uno, la modalidad de la delincuencia y la duración de la pena. La experiencia que al respecto se haga, decidirá lo que proceda acerca del mencionado propósito.



Un problema había quedado sin solución dentro de la legislación de emergencia emitida a causa de la guerra: la situación jurídica de los reclamos a enderezar contra el enemigo. Con el objeto de normalizar esa situación, se dispuso por ley N° 120 de 21 de agosto de 1943, que toda persona, natural o jurídica, de nacionalidad costarricense que tenga procedimientos judiciales que enderezar contra personas naturales o jurídicas de los Estados con los cuales la República se encuentra en guerra, o que residan en territorios ocupados por esos Estados, deben ser establecidos ante los Tribunales nacionales, de acuerdo con lo que dispone nuestra legislación para el caso de ausencia del demandado. Esta ley contiene las prescripciones necesarias para la respectiva sustanciación del juicio y para la ejecución de la sentencia.



Se emitieron también los Códigos Penal y de Policía, con el objeto de unificar y simplificar los procedimientos que estaban dispersos. En el futuro, será posible mayor eficiencia en la aplicación de los capítulos respectivos.



En cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Poder Civil, es para mí motivo de singular complacencia manifestar que no pueden ser estas más cordiales, gracias a la inteligente actuación del ilustrísimo y Reverendísimo Monseñor Doctor Don Víctor Sanabria Martínez, Arzobispo de San José, Prelado de excepcionales ejecutorias, y a los Ilustrísimos y Reverendísimos Obispos de Alajuela y Limón, también Prelados muy distinguidos y excelentes colaboradores de Monseñor Sanabria, y al Clero en general, que ha sabido ejecutar con esmerado acierto las instrucciones sabias y prudentes de sus Superioridades.





GOBERNACION Y POLICIA



Dije en mi informe anterior que, como un paso hacia el intento de armonizar los factores del trabajo y de mantener un equilibrio estable entre las fuerzas productoras y los centros directores de la sociedad, había creado mi Gobierno la Institución del Seguro Social, y agregué que tan elevado y complejo propósito requería otras múltiples disposiciones, entre ellas un capítulo de Garantías Sociales que, incorporado a la Constitución, reglamentara y ordenara tales vinculaciones; una reforma al artículo 29 de la misma, que permitiera el aprovechamiento de la tierra ociosamente retenida por particulares, a fin de convertirla en fuente activa de producción; y un Código de Trabajo, que viniera a poner en acción las Garantías Sociales, para que estas llenen más cumplidamente su cometido. Me place consignar que gracias a vuestra constante cooperación, señores Diputados; se alcanzaron esos tres objetivos, y que hoy nuestra Carta Magna permite aprovechar, para bien de la comunidad, la tierra inculta, estableciendo que, por motivos de necesidad pública, podrá el Congreso, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social y reglamenta con carácter fundamental las relaciones entre patronos y obreros con miras hacia una más justa distribución de la riqueza, y además contamos con un Código de Trabajo que, aunque imperfecto como toda obra en sus comienzos, dirime las controversias que se susciten entre los factores de producción. No pretendo, repito, que la obra esté concluida. Falta muchísimo por hacer. Es más: esta labor será eterna, porque la civilización se mantiene en evolución constante y las ideas políticas cambian asimismo de tonalidades; además, es preciso ir perfeccionando lo hecho hasta ahora, a base de los consejos que dicte la experiencia; pero sí creo que se ha logrado un considerable progreso por la senda que recorre la humanidad hacia la conquista de una paz estable y constructiva.



En el constante propósito de auspiciar por todos los medios posibles el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo costarricense, se emitió la ley N° 52 de 29 de diciembre último, que decretó la Nacionalización del Comercio. Esa ley dispone que, para iniciar en el futuro esa clase de actividades dentro del territorio de la República, bien por cuenta propia, o como agente o representante de otro, se requerirá ser ciudadano costarricense; y que si se trata de sociedades, será preciso que sus socios o accionistas sean costarricenses; que dichas entidades estén constituídas conforme a las leyes del país, y que tengan en él su domicilio. Esta ley deja a salvo tanto los derechos adquiridos por personas físicas o jurídicas extranjeras establecidas en el país antes del l° de enero del corriente año que estén cumpliendo con los reglamentos o disposiciones respectivos, como lo que establecen los tratados internacionales suscritos por la República.



Dentro de este orden de ideas, fueron dictadas, por ley N° 34 de 8 de julio último, severas medidas contra la especulación comercial, especificándose minuciosamente, qué debe entenderse por tal, y las sanciones correspondientes. Esta ley tiene carácter transitorio, y estará en vigencia hasta un año después de que se declare oficialmente haber cesado el estado de guerra en que se encuentra la República.



Con el mismo carácter de emergencia se dictó la ley N° 37 de 12 del citado mes, que creó la Junta Central de Abastos en San José, y estableció Juntas Auxiliares en las cabeceras de las demás provincias. El objeto fundamental de esta ley, es impedir el alza injustificada de precios y establece, las atribuciones de las Juntas y las respectivas sanciones.



También se dictó la Ley de Inquilinato N° 17 de 13 de agosto de 1943, que prohíbe el desahucio contra los inquilinos que estén al día en sus pagos, a menos que el propietario necesite la casa para uso propio o de su familia. Como una ley anterior a que hice referencia en mi precedente informe anual prohibió el alza de alquileres, la nueva ley vino a completar los propósitos tenidos en mente a causa de la excesiva demanda actual, y de la dificultad que debido a la guerra hay para construir por escasez de materiales.

Debo referirme por último en este capitulo, a la ley N° 81 de 7 de agosto de 1943, que derogó la N° 60 de 11 de junio de 1941, la cual había limitado a tres el número de regidores propietarios y a dos el de suplentes en todas las Municipalidades de la República. El objeto de esta reforma fue dar mayor acceso al pueblo en la integración del gobierno local, para que éste sea más democrático.



El Poder Ejecutivo puso especial empeño en pavimentar la ciudad capital, tanto por necesidades de higiene cómo por conveniencia de estética. La ejecución de ese propósito significó una considerable erogación a favor de la Municipalidad de San José, que tuvo dichas obras a su cargo. Se pavimentaron alrededor de 30 kilómetros. Dióse preferencia a varios de los sectores más humildes de la ciudad y considerando mi Gobierno que esos vecindarios no estaban en condiciones económicas de cubrir el costo de tan valiosas mejoras, con vuestra colaboración, Señores Diputados, se tramitó una ley disponiendo que no se cobre un céntimo por ese concepto a todos los propietarios de casas valoradas en menos de diez mil colones.



TRABAJO Y PREVISION SOCIAL



En acatamiento a las disposiciones del Código de Trabajo a que antes me he referido, y para la mejor aplicación del mismo, así como para la debida solución de la infinidad de problemas diversos que a diario se suscitan entre patronos y obreros, y para dar mayor eficacia social a esa legislación, se constituyó por separado la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y, además, el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos y acuerdos referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Para ese fin, la Secretaria de Trabajo y Previsión Social está dividida en las siguientes secciones.



a) Oficina General de Trabajo;

b) Dirección General de Previsión Social;

c) Instituto Nacional de Investigaciones y Estudios Sociales; y

d) Inspección General de Trabajo.



Existen además todas las otras secciones que el buen servicio demanda.

La Oficina General de Trabajo tiene funciones puramente administrativas, como el registro de las organizaciones sociales, el de los contratos y convenciones de trabajo que se celebren en el país, servicios de estadística y colocaciones, y todas las demás que les atribuye el reglamento.



La Dirección General de Previsión Social realiza una eficaz coordinación entre todas las instituciones de previsión y asistencia sociales que existan o lleguen a existir en el país, a fin de propender a su constante progreso y mejoramiento.



El Instituto Nacional de Investigaciones y de Estudios Sociales, tiene por misión realizar toda clase de encuestas y estudios sobre salarios, costos de vida, y demás materias relativas al trabajo, asistencia y previsión social, para lo cual armoniza sus actividades sociales con las de las otras secciones, y establecerá un constante intercambio con los demás países, a fin de conocer sus problemas, instituciones y conquistas en el campo de la acción social.

La Inspección General de Trabajo vela, por medio de un cuerpo de inspectores, por que se cumplan y respeten todas las disposiciones legales relativas a trabajo y a previsión social. Esta sección tiene también el carácter de Asesoría Jurídica, y a este efecto se encarga de evacuar todas las consultas oficiales o particulares que se le hagan acerca de la recta interpretación y verdadero alcance de las leyes sociales.



La Secretaría está ya organizada y actuando, y en la práctica está dando muy satisfactorios resultados.





HACIENDA Y COMERCIO



En el propósito de coordinar todo lo relacionado con la construcción o terminación de las obras de vialidad que se ejecuten con el saldo del empréstito suscrito con el Banco de Exportación e Importación de Washington el 21 de agosto de 1941, así como con el producto de los Bonos de Defensa Económica que se destinen a ese fin, se creó la Junta Nacional de Carreteras, integrada por el Secretario de Estado en el Despacho de Fomento, quien la preside, y los Gerentes del Banco Nacional de Costa Rica y del Banco Nacional de Seguros. Dicha Junta tiene a su cargo el desarrollo del programa de vialidad ya formulado, y la elaboración de uno nuevo para continuar esa obra, mediante la cual se dotará al país de todas las vías de comunicación por carretera que necesite. La Junta en referencia deberá procurarse los arbitrios requeridos para sus proyectos del futuro, y estoy seguro de que llevará a efecto su cometido a entera satisfacción y conveniencia del país.



Mención especial debo hacer en este capítulo, acerca de un trascendental ensayo que se está haciendo actualmente y que viene a convertir en realidad un anhelo largamente sentido en una de las regiones agrícolas más densamente pobladas y cultivadas del país; me refiero a la fundación de una planta industrial cooperativa en la región azucarera de Grecia. Debido a las condiciones de inseguridad, y muchas veces hasta de adversidad en que se ha desarrollado el trabajo de los pequeños productores de caña, tuvieron ellos, hace algunos años, la idea de fundar esa institución; pero como una empresa de tal índole requería la concurrencia de importantes factores, tales como oportunidad, financiación y técnica, etc., no era posible improvisarla sin riesgo de fracaso. Sin embargo, los acontecimientos que conmueven hoy al mundo nos han brindado esa ocasión, que, además de ofrecer a los cañeros de Grecia su liberación económica, el bienestar de sus familias y el progreso de la localidad, será un ejemplo que Costa Rica entera tendrá que imitar en días no lejanos. en su evolución pacífica hacia un futuro mejor.



Sabido es que el sistema cooperativo se basa en la solidaridad humana; en la asociación libre y el provecho mutuo, garantizando la igualdad de disfrute mediante la igualdad de esfuerzo; busca la satisfacción racional de las necesidades primordiales del hombre, y fomenta la fraternidad. Dentro del sistema cooperativo los miembros conservan su individualidad. Cada socio tiene derecho a un voto en la asamblea, sin tomarse en cuenta el monto de su aporte monetario, característica esta muy señalada, porque se establece así el predominio del factor "personal" sobre el factor "capital", siendo esa la diferencia fundamental que la empresa cooperativa tiene con la empresa capitalista, en la cual es el dinero el que se impone, y no el hombre. Además de lo expuesto, debe agregarse que el sistema cooperativo no limita el número de socios, dejando abierta la puerta a quienes deseen ingresar a él, y educa a sus afiliados en el cumplimiento del deber, pues no se trata sólo de derechos iguales, sino de obligaciones que cumplir, con sus consiguientes responsabilidades. Tiene por delante el régimen cooperativo un camino muy vasto de acción colectiva. Bajo tales auspicios se emitió la ley N° 49 de 22 de julio de 1943, por la cual el Poder Ejecutivo fue autorizado para traspasar al Banco Nacional de Costa Rica numerosas fincas contiguas situadas en Grecia, y que le pertenecían por haber sido expropiadas a alemanes en virtud de la Ley del Bloqueo Económico. Por disposición de la misma ley, el Banco mencionado creó, bajo la dirección de su Departamento Agrícola, la "Cooperativa de Producción Agrícola-Industrial", sobre la cual ejercerá el control directo y administrativo por un término no menor de cinco años, y mientras dicha Cooperativa no haya cubierto al menos el 75% del valor de las propiedades adscritas a ella. La empresa pertenece a los socios, cada uno de los cuales tiene un voto, cualquiera que sea el número de acciones que posea, y las utilidades se distribuyen en proporción a los aportes. Se trata, pues, de una combinación del factor "trabajo" con el factor "capital", relaciones en las cuales este último no es un poder absorbente, sino sólo un instrumento de producción. Podrán ser socios de la Cooperativa todos los productores de caña de azúcar comprendidos dentro del perímetro cañero que la ley determina, y los empleados y trabajadores de la Cooperativa, excepto los productores que tengan ingenio propio, porque los intereses de estos, no se compaginan con la calidad de miembros de la Cooperativa. El capital de la referida empresa es de dos millones y medio de colones (¢ 2.500.000,00) dividido en veinticinco mil (25.000) acciones de cien colones (¢100,00) cada una. Las acciones pueden adquirirse pagando el 25% de su valor al contado, y el resto con el porcentaje de las utilidades netas anuales correspondientes a cada socio. Tales son, en sus lineamientos generales, las características de la Institución fundada, la cual, en sus demás detalles, se conforma con lo dispuesto en la ley común relativa a sociedades. Sólo me resta decir que la empresa se puso bajo el patrocinio del Banco Nacional, por la necesidad de que éste la financiara. Lo expuesto basta para darse una idea de la magnitud social de la obra emprendida que, repito, habrá de tener muy lisonjeros resultados para el porvenir.



Para cerrar este otro capítulo de mi informe administrativo, incluyo a continuación dos cuadros; uno de las entradas y salidas durante el año fiscal que hoy termina, y otro del estado actual de la deuda pública.





PRODUCTO DE LAS RENTAS NACIONALES



¢ %



Aduanas .................................................. 19.630.199,78 39,00

Licores..................................................... 10.664.455,82 21,18

Papel Sellado .......................................... 258.142,36 0,51

Timbres ................................................... 549.248,49 1,09

Correos.................................................... 434.452,03 0,86

Telégrafos ............................................... 520.140,85 1,03

Patente Nacional ..................................... 1.305.729,77 2,59

Ferrocarril al Pacífico............................... 7.592.110,18 15,08



Impuestos Fijos Exportación ..................... 17.909,03 0,04

Imprenta Nacional..................................... 55.932,90 0,11

Registro Público ....................................... 215.680,85 0,43

Derechos Exportación Bananos................ 304.159,67 0,60

Impuestos Directos.................................... 1.181.243,41 2,35

Impuestos de Conversión........................... 1.466.612,92 2,91

Eventuales.................................................. 720,374,65 1,43

Impuesto de Gasolina................................. 962.761,80 1,91

Impuesto Consumo de Cigarrillos............... 2.759.171,01 5,48

Impuesto Cedular de Ingresos..................... 1.115.024,97 2,21

Impuesto Consumo de Cerveza................... 346.216,07 0,69

Impuesto de Importación Ganado Vacuno.. 193.060,00 0,38

Impuesto de Tránsito.................................. 57.594,60 0,12



¢50.350.221,16 100%

GASTOS





¢ %

Poder Legislativo............................................. 728.537,00 1,02

Poder Judicial.................................................. 1.663. 118,26 2,32

Departamento de Gobernación, Policía

Judicial, Trabajo y Previsión Social........... 5.925.981,02 8,28

Departamento de Trabajo y Previsión

Social......................................................... 164.024,78 0,23

Departamento de Salubridad Pública y

Protección Social....................................... 3.652.326,28 5,11

Departamento de Fomento ........................... 27.314.484,51 38,18

Departamento' de Relaciones Exteriores,

Justicia y Culto .......................................... 1.720.768,68 2,41

Departamento de Educación Pública ........... 8.515.851,45 11,90

Departamento de Seguridad Pública ............ 6.965.783,82 9,74

Departamento de Hacienda .......................... 6.341.417,25 8,86

Departamento de Agricultura e Indus-

trias............................................................ 1.934.005,36 2,70

Servicio Deuda Pública ................................ 6.615.974,27 9,25



¢71.542.272,68 100%





CARRETERAS CON FONDOS EXIMBANK



¢

Interamericana ............................................ 4.836.783,82

Tributarias................................................... 4.487.034,16



¢9.323.817,98





PARTIDAS QUE EXPLICAN EL EXCESO DE LOS GASTOS ORDINARIOS SOBRE LAS RENTAS.- ¢21.191.051,52



¢



Auxilio al Municipio de San José......................... 1.100.000,00

Edificio de la Universidad ................................... 941.086,63

Valor del terreno para el Instituto

Interamericano de Ciencias Agrícolas................ 938.174,00

Protección Industrial pesquera ............................. 400.000,00

Gastos Defensa Nacional ..................................... 2.222.152,59

Gastos Muellecito de Puntarenas ......................... 286.712,61



Gastos en exceso del Presupuesto original

de las siguientes cuentas:



Carreteras ............................................................ 9.619.914,78

Edificios Nacionales ........................................... 1.486.603,16

Edificios Escolares ............................................. 2.261.643,49

Cañerías ............................................................. 983.017,06

Demarcación Límites con Panamá .................... 603.906,18

Control de la Langosta....................................... 102.867,44

Obras Sanitarias ................................................ 226.586,02

Sanidad de San José .......................................... 160.478,20



¢21.333.142,16





ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1943



¢



DEUDA EXTERIOR........................................................... 141.817.185,22

Capital ¢24.686.646,16

Intereses 17.130.539,06



DEUDA INTERIOR............................................................. 64.979.365,06

Bonos al Portador............................ ¢ 28.247.997,38

Fondos en Administración............... 2.467.882,35

Instituciones de Beneficencia .......... 337.519,40

Bancos ............................................ 19.538.305,65

Giros por Pagar .............................. 4.385.304,65

Varios.............................................. 10.002,305,63

¢206.796.550,28



En relación con el año anterior aumentó en ¢29.909.727,00







Representado así:

¢

Diferencia detallada en cuadro anterior.......... 21.192.051,52

Carreteras extraordinarias.............................. 9.323.817,98

Aumento activo.............................................. 767.454,39





¢31.283.323,89

Menos:



Ajuste varias cuentas por cambios y saldos

de otras..................................................... 1.373.596,89





¢29.909.727,00





EDUCACION PUBLICA



En cuanto al ramo de Educación Pública, os anuncié en mi Mensaje anterior la creación de una Escuela Complementaria de Segunda Enseñanza en Atenas. Hoy me complace informar que han sido creadas este año tres más una en Limón, otra en Turrialba y otra en Grecia, las cuales responden, como aquella, al propósito de descongestionar los centros existentes. Acaban de establecerse también las de Liberia, Santa Cruz y San Ramón. En estas escuelas complementarias se dará la enseñanza que corresponde al primer ciclo de estudios superiores.



Asimismo, y por considerarse de interés público la educación de los retrasados mentales, o que adolezcan de trastornos auditivos, de la vista, del sistema vocal o de cualquier otro impedimento físico análogo, que les impida proseguir con éxito las enseñanzas de la escuela común, se fundó la Escuela de Enseñanza Especial, compuesta de cuatro secciones que coexistirán mancomunadamente guardando la separación impuesta por la naturaleza de cada una de ellas. Estas secciones son: de retrasados mentales, de sordomudos y defectivos del lenguaje, de ciegos y amblíopes profundos, y de niños físicamente impedidos. La referida escuela, que responde, como he dicho, a necesidades indispensables, fue constituída y organizada por ley N° 61 de 15 de marzo del corriente año.



En virtud de la ley N° 68 de 3 de abril en curso, se creó, como dependencia de la Secretaría de Educación Pública, el Departamento de Misiones Culturales, cuyo objeto es difundir la cultura general, los modernos métodos docentes, y la educación higiénica y agrícola. Con sólo esta enunciación podrá apreciarse la importancia grande que tiene para el país el referido Departamento.



En el propósito de recoger y coleccionar todas las leyes y decretos dispersos sobre Educación Pública, se ordenó, por ley N° 42 de 28 de diciembre de 1943, agrupar ordenadamente todo este material en un solo cuerpo bajo el rubro de Código de Educación, que está ya imprimiéndose, y que en pocos días más verá la luz pública. Están funcionando también, con notorio provecho higiénico, varias barberías escolares.

Finalmente, en el deseo de llevar un poco de estímulo al personal docente del país, cuyas dotaciones eran muy exiguas a pesar de la enorme trascendencia de la labor que silenciosamente realizan día a día esos valiosos forjadores del progreso cultural de la Nación, se acordó aumentarles el sueldo a todos en. un 25%, lo que unido al porcentaje en que fueron aumentadas las dotaciones de los profesores obligados a trabajar en zonas insalubres, representa una erogación anual de ¢1.959.612,00. No es necesario hacer hincapié en la justicia de esta medida, y si algo tendría que agregar acerca de ella, es sólo la expresión de pesar porque el aumento no haya podido ser mayor aún, pues los sueldos del profesorado son acaso los más raquíticos de la administración, a pesar, como he dicho, del valioso contingente que ofrecen a la obra de progreso nacional.





FOMENTO



No obstante las considerables dificultades con que se ha tropezado a causa de la guerra, por escasez de materiales de construcción y por el alto costo de los mismos, mi administración no se sustrajo a las necesidades del país en la materia, tanto porque las obras realizadas eran de inaplazable urgencia, como por conjurar el problema social de la desocupación, cuyas proyecciones no escapan al más ligero análisis, y que todo gobierno debe evitar de cualquier modo, como cuestión básica para el mantenimiento de la paz social de la cual dependen fundamentalmente la estabilidad y progreso de las instituciones. De ahí que no se parara mientes en el precio de las obras por el aumento del valor de los materiales, que en algunos casos fue hasta de un 400% y por el alza de los salarios. Así se realizó, venciendo obstáculos poderosos, una labor sin precedentes en la historia del país.



Desde luego, no es posible, enumerar con detalle dentro de los estrechos límites de este informe, las extensas proyecciones de esa labor durante mi Administración, la cual se contendrá minuciosamente en la Memoria de la respectiva Secretaría, pero se puede ella aquilatar con bastante aproximación y en términos generales, con vista de los siguientes datos que en forma global consigno para ese fin:



Escuelas



Terminadas............................................ 82

Por terminar.......................................... 44

Reconstruídas....................................... 61



Edificios Nacionales



Terminados............................................ 117

Por terminar.......................................... 9

Reconstruidos....................................... 96



Cañerías y Pozos



Terminados........................................... 72

Por terminar......................................... 16

Reconstruídos...................................... 19

Carreteras



Se han construído aproximadamente 460 kilómetros de primera clase, lo que constituye la más alta cifra de construcción de vías públicas hasta ahora alcanzada en Costa Rica.

En ese kilometraje no se incluye ]a ejecución de la Carretera Interamericana; para la cual el Gobierno ha contribuido en considerable proporción y cuyo control general ha estado a cargo de los departamentos respectivos del Gobierno Norteamericano.



Puentes



Se construyeron en los cuatro años, 194 en todo el país.

Es de advertir que las obras públicas "por terminar" que aquí se han mencionado, están adelantadas en un 75%.



También debo hacer mención, en párrafo aparte, de una de las dependencias administrativas que más interesan al Gobierno, y cuya prosperidad va en creciente progreso con muy halagüeñas perspectivas para el porvenir. Me refiero al Ferrocarril al Pacífico, cuya administración ha sido por todos conceptos plenamente satisfactoria.



Durante el año a que se refiere este informe, el mejor que ha tenido ]a Empresa en toda su historia, fueron movilizados 234.476,541 kilos de carga, con un producto de ¢3.850.758,70, registrándose, en comparación con el año anterior, un aumento de 36.857,616 kilos, con ¢1.218.669,85. Entre los trenes regulares y de excursión, se transportaron en ambos rumbos 549.639 pasajeros, con un total de ¢1.416.896,40, registrándose un aumento de 201.277 pasajeros, que pagaron ¢431.841,70 sobre el año anterior. Las entradas brutas fueron de ¢2.009.830,12, lo que implica un aumento de ¢706.725,00 sobre el año anterior. La utilidad neta del año a que se contrae este informe, fue de ¢1.198.707,61, o sea ¢706.685,82 más que el año precedente. Estas cifras reflejan, con meridiana transparencia, la magnitud de los negocios de esa Empresa, y todo lo que puede esperarse de ella con el transcurso del tiempo. Cabe destacar el hecho de que la Administración del Ferrocarril Nacional ha tenido a su cargo, con meritorios resultados, la ejecución de varias obras de progreso en diversas localidades del país, tales como el Muellecito de Puntarenas, escuelas, cañerías, servicios eléctricos, etc.





AGRICULTURA



En el ramo de agricultura se realizó también una apreciable labor: Con fecha 2 de julio de 1943 y bajo el número 23, fue emitida la Ley de Protección Agraria, destinada a la defensa de la agricultura menor. En dicha ley se especifica lo que son delitos y faltas contra la agricultura, se establecen las respectivas sanciones, y se determinan los trámites para el juzgamiento; se reglamenta la venta de productos agrícolas y enseres de fincas rústicas o huertas caseras, y se prescriben normas para evitar el merodeo, las cuales quedan a cargo de la Inspección General de Hacienda. La leyes fuerte y bastante completa, y abarca todos los aspectos del problema; creo que introduciéndole alguna que otra reforma que la práctica aconseje, dará admirables resultados y terminará con el desaliento que el hurto de productos agrícolas ha causado.

Siempre dentro del propósito de fomentar la producción, se emitieron además, la ley N° 101 de 12 de agosto último, por la que se autorizó al Banco Nacional de Costa Rica para importar todos los tipos de instrumentos de labranza necesarios y venderlos a los finqueros y trabajadores del campo a precios módicos, y la N° 149 de 23 del mismo mes de agosto, por la que se reorganizó el Centro Nacional de Agricultura, a fin de que esa Institución preste con mayor eficacia a la agricultura y a la ganadería, los importantes servicios para los cuales ha sido creada. La mencionada reorganización contempla el establecimiento de Estaciones Agrícolas Experimentales en las diferentes zonas agrícolas o ganaderas del país, las cuales tendrán a su cargo el fomento y la prosperidad de la agricultura y la ganadería y de la industria en general en todas sus formas. Se trata de centros de consulta y experimentación al servicio de los agricultores. En ellos habrá también, para el servicio público, sementales, baños antiparasitarios y un departamento de veterinaria, todo lo cual se suministrará gratuitamente, a fin de propulsar con rapidez y eficacia el mejoramiento de las especies y el auge industrial del país; y para completar la obra, se emitió la ley N° 58 de 9 de marzo próximo pasado, conocida con el nombre de Ley de Esquilmos, en virtud de la cual se considera contrario al interés público el hecho de mantener inculta la tierra, así como el cobro de alto precio por el uso de ella. Esta Ley de Esquilmos necesita algunas importantes modificaciones para llenar más cumplidamente su finalidad de ayuda al campesinado; ya tales reformas estén en estudio y es de esperar que pronto perfeccionarán la obra, incorporándose a ella.



Por ley N° 63 de 30 de julio de 1943, se financió, reglamentó y legalizó la Industria pesquera en el país, la que venía ejerciéndose de hecho, y sin sujeción a normas legales de ningún género. El objeto de esta ley fue ordenar y facilitar la pesquería, haciéndola por cuenta del Estado, para que, mediante el empleo de métodos técnicos, pudiera efectuarse en gran escala a fin de proveer al pueblo de pescado a precio barato.



Es muy grato para mí poder consignar que la provincia de Limón, que estaba en completa decadencia con motivo del traslado a la zona del Pacífico del negocio bananero, ha vuelto a resurgir, mediante contratos con compañías extranjeras para plantaciones de abad, balsa y hule; estas plantaciones estén haciéndose ya en gran escala, y van constituyendo una muy halagüeña perspectiva.



Comprendiendo mi gobierno la imperiosa necesidad de incrementar la producción agrícola, y de fomentar la pequeña propiedad, para lograr ese objetivo se trazó la norma de repartir tierras entre el campesinado, en la medida que las circunstancias del Tesoro lo permitieran. A nadie escapa la enorme conveniencia de esta política agraria, de acuerdo con la cual han sido ya distribuídas varios miles de hectáreas. Estos extensos territorios, que anteriormente eran tierras incultas, están siendo cultivados, y en poco tiempo el país empezará a notar el beneficio obtenido. Para este reparto de tierras se han ido adquiriendo fincas incultas de particulares, y si bien lo hecho hasta ahora no significa nada todavía, tiene la enorme importancia de ser el comienzo de la obra. A futuros gobiernos corresponderé su prosecución, y cuando esta práctica se haya difundido por todo el país, sus propios resultados la establecerán como norma invariable de cualquier política agraria que se implante en Costa Rica.







SALUBRIDAD PUBLICA Y PROTECCION SOCIAL



Compenetrado mi gobierno de que la salud pública constituye el fundamento del bienestar general, ha puesto sus mejores y más tenaces empeños en fomentarla y mejorarla. Debo decir al respecto, que la idea predominante que inspiró la creación de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, fue hacer de ella un organismo esencialmente preventivo, dejando a cargo de otras instituciones del papel asistencial. Veinte años transcurrieron, sin embargo, antes de que este concepto superior de la higiene, entrara en el campo de las realizaciones prácticas, lo que se ha conseguido, al menos parcialmente, con el establecimiento de los Seguros Sociales, que, al resolver numerosos problemas de asistencia, libera a la Secretaría de Salubridad de gran parte de la labor de tratamiento, en beneficio inmediato y directo de la función preventiva, que es la que esencialmente le corresponde.



Incorporadas a la Carta Fundamental las Garantías Sociales, fundada la Caja Costarricense de Seguro Social y promulgado el Código de Trabajo, sólo le restaba a la presente administración, para completar su programa de gobierno en lo tocante al mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, tanto del campo como de las ciudades, poner a tono con esas nuevas instituciones sociales la legislación sanitaria del país. Con este objeto, y después de un detenido estudio, se promulgó el Código Sanitario de Costa Rica, que constituye un valiosísimo paso hacia el mejoramiento de la salud pública, mediante disposiciones de carácter preventivo.



Aun cuando la ley de 1923 daba base suficiente para incluir como función de la Secretaría de Salubridad todo lo concerniente a la provisión de agua potable a las poblaciones, sentíase la necesidad de una legislación más amplia en asunto tan trascendental. Para llenar el vacío se emitió la Ley de Aguas Potables de 1941, que vino a suplir las deficiencias de la anterior, estableciendo que corresponde exclusivamente a la Secretaría de que me ocupo, la calificación de potabilidad de las aguas destinadas a abastecer las poblaciones.



Como complemento importantísimo de esta obra de prevención asistencial, queda fundado el Instituto del Cáncer, con su edificio propio, adquirido mediante la cooperación financiera del Servicio Interamericano de Salud Pública, y con rentas, si aún no suficientes, sí al menos bastantes para iniciar la lucha decidida contra ese terrible flagelo de las sociedades.



Establecida la Sección de Calzado Escolar, vale la pena hacer cualquier sacrificio por mantenerla. No debe perderse de vista que el uso del calzado refleja el grado de cultura de un pueblo, y que además da personalidad al individuo, y constituye la medida más importante que pueda tomarse contra la anquilostomiasis. No bastaba para erradicar o reducir la anquilostomiasis, el tratamiento de los enfermos y el saneamiento del suelo.

Era preciso cerrarle a la larva del parásito su puerta de entrada al organismo: la piel desnuda de los pies. Con este primordial propósito se han distribuido 26.421 pares de zapatos, por valor de ¢133.007,70.



Pero no son las enfermedades agudas las principales dolencias que sufre el pueblo. El pueblo sufre principalmente de desnutrición. Su alimento es escaso y mal balanceado; se trata no sólo de un problema económico, sino también de educación. Con vista de este segundo aspecto, y a efecto de remediar siquiera en parte el primero, se emitió en 1942 la ley que establece el desayuno escolar, bajo los auspicios del Consejo Nacional de Nutrición. Desde luego, la aplicación de esa ley ha tenido que irse haciendo paulatinamente por razones económicas, pero va tomando cuerpo, y es de desearse que continúe progresando con rapidez, porque es de vital importancia para la República.



Para terminar con este aspecto del presente informe, réstame decir que el Instituto de Asuntos Interamericanos contribuyó, al través del Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública, al desarrollo de un amplio programa de sanidad. La suma de $ 500.000,00; que fue el primer aporte recibido, será aumentada en breve en $ 300.000,00, de acuerdo con un contrato recientemente firmado.



Quedan terminadas quince nuevas Unidades Sanitarias, en las que se han hecho alrededor de un millón de exámenes y los tratamientos necesarios. Se han realizado trabajos de saneamiento superficial del suelo y dos obras magnas de higiene pública: las cloacas de la ciudad de. Heredia y los filtros de Tres Ríos para aumentar y mejorar el agua de San José y sus distritos, mediante el concurso del Gobierno y de las respectivas Municipalidades. Queda para el futuro la construcción de modestas casas de emergencia en Siquirres, San Carlos y San Isidro de El General; el entubamiento del Lantisco y cañerías de agua potable para algunos pueblos, lo cual seguramente se hará a medida que los recursos lo permitan. Detalles minuciosos de esta obra realizada, podrán verse en la Memoria de la respectiva Secretaría.





SEGURIDAD PUBLICA



En el firme propósito de contribuir a la tarea común de la defensa continental y al afianzamiento de las normas de convivencia adoptadas por los países americanos, y tomando en cuenta que el Comité de Emergencia para la Defensa Política del Continente, creado por la Tercera Reunión de Consulta de Cancilleres de América con sede en Río de Janeiro, desarrolla una tarea dé excepcional eficiencia, mi Gobierno, aceptando la sugerencia que le fue hecha por los Delegados de aquel Comité, acordó, por decreto N° 73 de 25 de octubre próximo pasado, la creación de un Comité Nacional Consultivo para la Defensa Política, constituído por: el Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, el Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Policía, el Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad Pública, el Jefe de la Oficina de Migración, el Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación y Policía, el Director General de Telégrafos y Radios Nacionales, el Jefe de la Censura Postal, el Inspector General de Hacienda, y un Representante de la Junta de Custodia de la Propiedad Enemiga, designado por esta. El objeto de este organismo, es proporcionar al Comité Consultivo de Emergencia para la Defensa Política del Continente, datos e informes relativos a la legislación interna y a las prácticas administrativas que se relacionen con la defensa nacional, con las actividades enemigas, y con las modalidades que asuman en el país esta clase de actividades; sugerir a dicho Comité cualesquiera proposiciones y proyectos que pudieran servir de base para sus recomendaciones a los Gobiernos americanos, y estudiar las medidas que fuere necesario adoptar en la República, para hacer efectivas las indicaciones de ese mismo Comité.

Para poner fin a este informe, debo manifestaros que en acatamiento a lo que dispone el artículo 134, inciso 6) de la Constitución Política, y oído previamente el Consejo de Gobierno, tengo el honor de devolveros el decreto legislativo N° 108 de 13 de agosto de 1943, para que os sirváis, Señores Diputados, continuar los trámites de la reforma al artículo 3° de nuestra Carta Magna referente a los límites de Costa Rica, a fin de que dicho artículo quede de acuerdo con el tratado de l° de mayo de 1941, celebrado con la vecina República de Panamá.



Con este informe que aquí termina, concluye también mi Administración. Dentro de ocho días, el 8 de mayo en curso, que es la fecha que al efecto determina nuestra Carta Fundamental, haré entrega del Gobierno al Licenciado don Teodoro Picado, elegido por el pueblo para sucederme en el Poder, y cuyas relevantes prendas personales de orden moral e intelectual, constituyen la más segura garantía de acierto en las elevadas funciones que le corresponde desempeñar. Tengo la plena convicción de que su labor será muy fecunda en bienes para Costa Rica, sobre todo si, como lo espero y os lo ruego, continuáis prestándole, Señores Diputados, el apoyo y la importante colaboración con que a mí me habéis honrado durante los cuatro años de mi Gobierno, y que comprometió, en forma perdurable, mi más profunda y sincera gratitud.



El errar es de humanos, y no tengo la pretensión de haber sido infalible; pero quiero rogar por vuestro elevado conducto al pueblo costarricense, que abone a mis errores la buena fe y el propósito vehemente de servirlo del mejor modo posible, lema éste al que consagré en todo momento las mejores energías y los más puros anhelos de mi espíritu.



R. A. Calderón Guardia



San José, 1° de mayo de 1944.