martes, 23 de febrero de 2010

Un país desgarrado. Secuelas La violencia política y las venganzas siguieron durante varios años después de la guerra de 1948

  Secuelas La violencia política y las venganzas siguieron durante varios años después de la guerra de 1948
David Díaz Arias | ddiazari@indiana.edu




Artículo tomado de http://www.nacion.com/ancora/2008/abril/06/ancora1483498.html

El 13 de octubre de 1954, Manuel A. R. asistió a una reunión en la Jefatura Política de Goicoechea. Manuel, de 50 años de edad, trabajaba entonces como agente principal de policía en Ipís de Guadalupe, por lo que su convocatoria a esa sesión le parecería normal; pero no lo era. Apenas tomó asiento, el jefe político lo sometió a una serie de preguntas, formuladas y transcritas en papel como en un juicio.


Así, el jefe político interrogó a Manuel exigiéndole revelar su identidad política. Manuel A. R. respondió: “Soy figuerista y estoy de lleno con el gobierno actual y me siento muy honrado en servirle”; pero su jefe insistió: “¿Es cierto que anteriormente o sea en el régimen de Picado Ud. era de reconocida filiación calderonista?”. Manuel aseguró: “En ese tiempo yo estaba de policía en San José y por lo tanto tuve que ser de ese color pero eso fue hace muchos años”.

En los siguientes días, el jefe político llamó a tres personas para interrogarlas sobre la identidad política de Manuel A. R.; todas confirmaron que él había sido caldero-nista antes de 1948. Entonces, el jefe político envió la información recolectada al Ministro de Gobernación para que resolviera qué hacer con su subalterno. De esa manera, cinco años después de la guerra civil de 1948, un ciudadano común que trabajaba para el gobierno pasó por un “juicio” solamente por ser sospechoso de haber apoyado al calderonismo en el pasado. ¿Por qué?

Memorias. Costa Rica experimentó una tremenda tensión social entre 1940 y 1948. Una alianza entre los gobiernos de Rafael A. Calderón Guardia y Teodoro Picado junto con el Partido Comunista, enfrentó a otro grupo de políticos y jóvenes intelectuales; todo ello dio como resultado una guerra civil.

La gente común participó activamente en ese enfrentamiento, en cada actividad política, desfile, campaña y batalla. La violencia desempeñó un papel fundamental en esos movimientos sociales.

Empero, como ha sostenido el sociólogo Manuel Solís, los crímenes acontecidos en el marco de la violencia política del 48 no tienen un lugar central en la memoria oficial de la guerra.

Esa memoria presenta la violencia solamente como una acción defensiva y nunca mal orientada, de modo que su ejecutor queda libre de cualquier responsabilidad.

No obstante, la violencia fue un componente central y creció como consecuencia de la polarización política, especialmente después de 1944. Una parte de la oposición empleó un lenguaje violento para atacar al gobierno y sus simpatizantes. Este lenguaje violento se convirtió en actos terroristas una vez que el gobierno y sus aliados comenzaron a enfrentar con fuerza (cinchas y garrotazos) a la oposición.

En ese contexto, la gente común insertó sus problemas y desavenencias personales en la lucha política y la usó como una vía para canalizar sus disputas cotidianas.

Desde ese punto de vista, muchos costarricenses utilizaron la guerra civil como un evento legítimo para practicar la “ley” del ojo por ojo y diente por diente.

La guerra no acabó con esa visión; al contrario, el final del conflicto armado propició actos de violencia algunas veces disfrazados de revanchismo político.

Represión. Varios testimonios y memorias de la guerra civil escritos por líderes comunistas-vanguardistas sostienen que ellos dejaron las armas y entregaron San José solamente porque Figueres les prometió respetar las reformas sociales y la legalidad de su partido. Por su parte, los líderes calderonistas insistieron en que se respetasen sus vidas, trabajos y propiedades. Sin embargo, tan pronto como tomaron el poder político, los ganadores de la guerra organizaron la represión.

Primero, esta represión apareció institucionalizada bajo un traje judicial. La Junta Fundadora de la Segunda República organizó los tribunales de Probidad y de Sanciones Inmediatas para juzgar a los líderes y simpatizantes “calderocomunistas”.

Muchas pruebas escritas y orales indican que, en varias ocasiones, esos tribunales sirvieron para falsificar cargos contra connotados líderes y contra gente común.

Por ejemplo, el sindicalista y escritor Carlos Luis Fallas fue acusado de robar 54 “gallinas finas”; pero otros casos ni siquiera llegaron a los salones judiciales.

Apenas terminó el conflicto armado, tres personas fueron llevadas a un lugar llamado “La Cangreja” (Cartago) y allí fueron asesinadas. Asimismo, los líderes vanguar-distas de Limón fueron muertos en el “Codo del Diablo”, sin juicio de por medio y sin que ellos representasen amenazas para nadie.

Junto a eso, se presume que los vencedores habían elaborado un plan para matar a la cúpula dirigente del Partido Vanguardia Popular.

Dicho plan no funcionó gracias a la intermediación del arzobispo Víctor Manuel Sanabria y a la rápida movilización de la familia de Jaime Cerdas, uno de los vanguardistas.

Empero, muchos de esos líderes y sus familiares experimentaron torturas, dolor psicológico y persecución después de la guerra. Por ejemplo, la escritora comunista Carmen Lyra pasó sus últimos días de vida deseando regresar a Costa Rica desde México, pero la Junta nunca la autorizó a hacerlo.

Ese tipo de represión se reprodujo en las clases bajas y modeló las identidades políticas y los recuerdos que heredaría la generación de niños y niñas que nació alrededor de 1948.

En ese sentido, el ciclo represivo posterior a la guerra civil tuvo dos fases: una muy fuerte entre 1948 y 1949, y otra más moderada durante el primer gobierno de José Figueres (1953-1958).

Mediando entre esos ciclos, se encuentra el periodo presidencial de Otilio Ulate (1949-1953). Al parecer, el periodo de Ulate propició la disminución de las tensiones sociales producidas por la guerra y la invasión calderonista de diciembre de 1948, aunque esto necesita una investigación más a fondo.

Nueva moral. Además, la primera administración de Figueres comenzó una campaña moralizadora. Esta fomentó un enfrentamiento con varias prácticas populares que no habían sido prohibidas en el pasado o que habían sido toleradas.

Así, se empeñaron en extender una “nueva moral”, que intentaba controlar la música en las cantinas, los bailes, las películas y hasta las “novelas pasionales”. Muchos figueristas utilizaron este marco para ajustar cuentas con sus enemigos políticos, como fue el caso presentado al inicio de este artículo.

La idea del control social era consecuente con la visión que Figueres y sus seguidores tenían de los gobiernos de Calderón y Picado. Para aquellos, esas administraciones representaban una era inmoral en la que Costa Rica había perdido sus buenas costumbres.

Por tanto, su meta era recobrar un pasado mejor. En medio de esto ocurrió la segunda invasión calderonista (1955): esta probó que los anhelos de violencia de los vencidos también estaban vivos.

Años después, tras la tensa elección de Mario Echandi (1958), se inició un proceso de reconciliación nacional cuyo punto más visible fue el regreso de Calderón Guardia al país. Con este proceso, se cerró el ciclo de inestabilidad que se había iniciado en la década de 1940.

Al fin, en agosto de 1961, la Asamblea Legislativa indultó a todos los costarricenses condenados por el Tribunal de Sanciones Inmediatas.

El autor es profesor en las escuelas de Historia y Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica.

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