martes, 23 de febrero de 2010

Venturas y desventuras. Consecuencias de la anulación de las elecciones de 1948

 Venturas y desventuras
• Consecuencias de la anulación de las elecciones de 1948

Manuel Formoso
tomado de http://www.nacion.com/ln_ee/1999/mayo/19/opinion4.html


Más personas de las que podía imaginar me han hecho observaciones acerca del artículo "Las elecciones de 1948", publicado hace unas semanas en esta página. Al menos a dos de estas observaciones debo responder públicamente: la primera me recuerda el valioso papel que ciertamente el licenciado Luis Carballo desempeñó en la comisión legislativa redactora del Código Electoral. En la segunda se me insta, con buenos argumentos, a ampliar la mención que hago de la anulación de las elecciones presidenciales de 1948. Lo intentaré porque en verdad esta anulación equivale a la apertura de la Caja de Pandora en la historia reciente de Costa Rica: de ella salieron todas las venturas y desventuras de los siguientes 50 años, al menos en el campo político.

Cualquiera que hubiera sido el resultado, por disposición constitucional, el Congreso Nacional tenía que decir la última palabra sobre las elecciones y como en el pasado esto se había prestado a problemas, los partidos políticos habían firmado un pacto para respetar, sin más, el pronunciamiento del Tribunal Electoral. Sin embargo, al no haber unanimidad en el fallo dos magistrados declararon presidente a don Otilio Ulate y el tercero salvó su voto estimando no contar con suficiente información fidedigna como para saber cuál era el vencedor.

Silla vacía. El mencionado pacto de los dos grandes partidos quedó rescindido y el asunto fue a dar a manos de los diputados para que resolvieran quién habría de ocupar la presidencia de la república de 1948 a 1952. Como bien se sabe, nadie llegó a ocuparla por diversas causas: la primera, porque las elecciones fueron anuladas por una mayoría de 27 legisladores. La segunda, porque no hubo convocatoria a segundas elecciones ni se designó a nadie para ejercer el poder. Y la tercera, porque estalló la revolución figuerista e inmediatamente después de su triunfo se firmó el pacto Ulate-Figueres -monumento a la aberración jurídica- que no solo derogó la constitución de 1871 e intentó legitimar un gobierno de facto, sino que ignoró la elección de diputados y retrasó la entrega de la presidencia de la República a don Otilio Ulate por un plazo de dieciocho meses.

¿Cabía anular las elecciones de 1948? Desde el punto de vista jurídico sí. Fueron tales las irregularidades cometidas por el Registro Civil con los votantes calderonistas que no cupo la menor duda de que la votación había sido sabiamente capada en las provincias dominadas por el Partido Republicano Nacional. Igualmente, el Tribunal Electoral cumplió de una manera deficiente con la tarea esencial de escrutar los votos: primero, fue incapaz de hacerlo en el plazo señalado por la Constitución y segundo, en determinado momento suspendió el escrutinio y lo sustituyó por la suma de las cifras obtenidas de las comunicaciones telegráficas enviadas desde las mesas electorales, proceder no autorizado por la ley.

Papelitos hablan. Pero si bien desde un punto de vista jurídico el Congreso Nacional no sólo tenía competencia para resolver sobre las elecciones, sino buenas razones para anularlas, desde el ángulo político resultaba totalmente inconveniente. En primer lugar, en esa Costa Rica de la primera mitad del siglo los papelitos siempre hablaron. Fraude o no fraude, quien apareciera vencedor ganaba las elecciones y parte de la paz política que tuvimos durante tantos años, se la debimos a la tolerancia de esta triste práctica.

En segundo lugar, el país estaba estrenando un sistema electoral muy avanzado y lograr su consolidación era de gran beneficio, aunque al aplicarlo por primera vez se hubiera hecho con deficiencia. Las irregularidades y las torpezas habidas podían explicarse por muchas causas y más valía aceptarlas que destapar esa peligrosa caja de Pandora que se abrió con la anulación de las elecciones.

Sin embargo, se procedió de otra manera al privar las consideraciones jurídicas sobre lo político: se anularon las elecciones y estalló la revolución con la consiguiente derrota militar y política del gobierno constitucional del presidente Picado, seguido del exilio de las principales figuras de los partidos Republicano Nacional y Vanguardia Popular.

Luego vinieron una serie de actos arbitrarios e insólitos en la historia del país, para decir de ellos lo mínimo, tales como el funcionamiento de tribunales especiales que juzgaron a los vencidos partiendo de que todos eran culpables. En los primeros meses de este gobierno de facto, la nueva fuerza política luchó por abrirse espacio y conquistar una legitimidad más allá de las armas, aunque para lograrlo lo hiciera al costo del sufrimiento de al menos la mitad de los habitantes de Costa Rica. Lo que siguió es ya historia mejor conocida.

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