Vicenç Navarro
Sistema Digital tomado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109256
A primera vista parecería que hasta los años que precedieron la crisis económica y financiera, la Europa Social (es decir, los estados del bienestar de los países miembros de la Unión Europea) tenían buena salud. En realidad el gasto público social (como porcentaje del PIB) fue aumentando desde los años noventa. En los países de la UE-15 (el grupo de países más ricos de la UE), su promedio creció del 25,4% en 1990, al 27,4% en 1997, al 27,7% en 2003 y al 27,9% en 2005.
Ahora bien, hablar de promedios es muy sesgado y puede ser desorientador. Uno puede ahogarse en un río que, como promedio, tiene sólo diez centímetros de profundidad. Puede estar seco en su mayor extensión, pero puede tener una zona de tres metros donde la gente puede ahogarse. De ahí que es importante ver su variabilidad alrededor del promedio. En la UE-15, el país que tiene un gasto público social más bajo es España (20,9% del PIB en 2005). Y el más elevado es Suecia (32%). La causa de este diferencial es predominantemente política. Las derechas históricamente han sido muy fuertes en España (y en otros países del sur de Europa) y las izquierdas lo han sido en Suecia (y en los países del norte de Europa). Es importante que se subraye esta explicación porque hay un intento por parte de economistas neoliberales de ocultar y diluir esta causa política del subdesarrollo social, atribuyendo el gasto público social al nivel de riqueza de un país. Siguiendo un tipo de determinismo económico, se postula que a mayor nivel de riqueza de un país, mayor es su gasto público social. Esta postura es errónea y es fácil demostrarlo. EEUU es el país más rico del mundo y en cambio es uno de los países con un gasto público social más bajo. Y España ya no es un país pobre. Su PIB per cápita ya representa el 94% del promedio de la UE-15. Y en cambio su gasto público social per cápita no es el 94% del promedio de gasto público social per cápita de la UE-15, sino que es sólo un 74%. Si fuera el 94%, nos gastaríamos 66.000 millones más en nuestro estado del bienestar de los que nos gastamos ahora. Es importante que esta situación se conozca porque existe hoy una postura muy generalizada, no sólo entre los partidos conservadores y liberales, sino incluso en el equipo económico del Gobierno Zapatero, que justifica los recortes del gasto público con el argumento de que como país nos gastamos más de lo que nuestros recursos nos permiten. Y de ahí deducen la necesidad de aplicar medidas de austeridad en el gasto público. Esta interpretación de nuestros males, asumiendo que la crisis es consecuencia de que “nos gastamos más de lo que tenemos”, se ha extendido también en toda la UE y es el nuevo dogma que justifica los grandes recortes del gasto público con el fin de reducir el déficit y las deudas públicas. Pero es fácil demostrar que este dogma está profundamente equivocado.
En España nos gastamos, repito, 66.000 millones menos en la España social de lo que deberíamos gastarnos según nuestro nivel de desarrollo económico. Y el hecho de que no se gasten es porque el Estado no los recoge. No es, pues, que España no tenga los recursos. Los tiene y muchos (66.000 millones de euros). Lo que ocurre es que el Estado no recoge estos fondos. Esta es la realidad que, o bien se desconoce, o bien se ignora deliberadamente para justificar las políticas de austeridad del gasto público que se están siguiendo en España.
Y ahí está la raíz del problema, la enorme regresividad del sistema fiscal que en muchos países de la UE-15 ha ido creciendo desde el inicio de la era neoliberal. Veamos los componentes de esta regresividad, comenzando por los impuestos. (La mayoría de datos que aquí presento proceden del libro Global Finance and Social Europe, colección dirigida por John Grahl y publicada por Edward Elgar. 2009) Los ingresos del Estado, por vía impositiva, han disminuido en la UE-15, pasando de representar en 1996 un 39,8% del PIB a un 39,3% en 2004, descenso más acentuado en los países integrados en la unión monetaria (pasando del 38,0% al 34,5%). En EEUU, por cierto, bajaron también, pasando del 27,3% al 25,4%, lo mismo que en Japón, que pasaron del 27,3% al 25,4%, durante el periodo 1995-2004.
Pero, además de bajar los ingresos al Estado (a pesar de que el nivel de riqueza aumentó), vemos que la gravación de las rentas del capital (mucho más bajas que las rentas del trabajo), descendieron todavía más. La tasa de gravación de las rentas del capital en los países de la eurozona pasó de representar el 17,0% en 1995 al 14,0% en 2003, el mayor descenso entre el grupo de países de la OCDE (el club de países más ricos), mientras que las rentas del trabajo continuaron gravándose al 35%. La tasa de gravación del consumo se mantuvo al mismo nivel, con un ligero aumento del 20,5% en 1995 al 20,8% en 2003. Estos datos muestran que fueron las rentas del capital las que se beneficiaron más como consecuencia de las políticas fiscales aplicadas durante aquel periodo. Otro grupo que se ha beneficiado enormemente son las rentas superiores, que han visto descender su tasa de gravación del 51,52% de su renta al 49,20%. Para entender estas cifras hay que saber que cada 0,1% de descenso en la tasa de gravación representa miles de millones de euros que los Estados dejan de ingresar.
¿Cómo se justifican estas políticas tan favorables a las rentas del capital y a las rentas superiores? El discurso neoliberal (presente en la mayoría de los partidos gobernantes en los países de la Eurozona) es que el capital y las personas de rentas superiores (los ricos) son muy movibles y si los Estados no los miman dejarán el país. Son parte de las clases cosmopolitas que se mueven de un país a otro como parte de la jet-set. Ahora bien, los Estados pueden intervenir para disminuir tal movilidad. Y si no lo hacen es predominantemente por razones políticas, es decir, que no se atreven a enfrentarse con intereses fácticos tan importantes como, por ejemplo, la banca. Hoy, gran parte de los movimientos del capital financiero son de tipo especulativo, es decir, que se enriquecen sin crear riqueza. Es la economía del casino que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. De ahí que deberían eliminarse estas actividades y gravar fuertemente esta movilidad de capitales a corto plazo. La existencia de los paraísos fiscales (que existen, no sólo en Suiza y Luxemburgo, sino también en Alemania, EEUU, Bélgica e Irlanda) dañan, no sólo a los países donde tales paraísos existen, sino a los países de los cuales provienen estos capitales. Significan el caso de evasión y corrupción de capitales más importante del mundo, de la Eurozona y de España. El hecho de que incluso ahora, tras el enorme daño que han causado, los Estados no hayan intervenido todavía, muestra la naturaleza política del problema.
Otras medidas, además de coordinar las políticas fiscales entre los países de la UE, es establecer unos estándares de gravación empresarial, por debajo de los cuales no podrían permitirse operar a las empresas en un país. Ello estaría encaminado a evitar el fenómeno Irlanda, que ha basado su desarrollo dentro de la UE, a base de salarios e impuestos bajos, resultando un Estado con escasísima sensibilidad social y baja calidad de vida. Esta estrategia de desarrollo, que ha seguido también España, conduce a un desarrollo caracterizado por enormes altibajos, sin basarse en una riqueza estable y bien repartida (como la de los países nórdicos).
Se requiere también el desarrollo de normativas sociales como condición de permanencia en la Unión Europea, garantizando la existencia de derechos sociales y laborales (tales como la universalidad de protección social en todas sus categorías), así como un código obligatorio (no voluntario) de conducta de las empresas, expandiendo su criterio de beneficio y productividad, considerando beneficio no sólo la rentabilidad para sus accionistas y gestores, sino también su aportación a la comunidad. Tales reglas y derechos deben establecerse a nivel de la UE, estableciendo las condiciones para alcanzar un pacto social a nivel comunitario, lo cual requeriría una legislación a ámbito continental que permitiera convenios colectivos a nivel europeo (lo cual no existe hoy en la UE). Y deberían incluirse impuestos a nivel comunitario, tales como impuestos de protección ambiental, que sirvieran para fines sociales ampliamente populares.
En realidad, no es difícil ver las políticas públicas que deberían hacerse, tanto a nivel de cada Estado como a nivel de toda la UE y de la Eurozona. Lo difícil es que se lleven a cabo debido al dominio de las fuerzas conservadoras y liberales en los Estados miembros de la UE, así como en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo. La construcción de la Unión Europea se ha hecho mediante políticas neoliberales que han dañado el bienestar de las clases populares del continente. Las rentas del trabajo como porcentaje de las rentas nacionales han disminuido en la mayoría de los pases miembros de la UE (ver mi artículo “Lucha de clases en la UE”. Público, 17.06.10), durante los años de construcción de la UE y de su Eurozona. En la mayoría de los países de tal zona monetaria, el aumento notable de la productividad no se ha correspondido con el consiguiente incremento salarial, habiendo sido las rentas del capital las que se beneficiaron más de aquel aumento. Entre estas últimas rentas, las del capital financiero han alcanzado niveles de enorme exhuberancia, siendo su comportamiento una de las causas de la crisis actual. Ha sido, pues, la enorme polarización de las rentas (resultado, en gran parte, de las políticas fiscales regresivas) las que determinaron la problemática existente en estos países. Las soluciones a esta problemática requerirán la reversión de aquellas políticas fiscales regresivas, lo que exige unos cambios en las relaciones de poder existentes en la UE y en sus Estados miembros con mayor poder e influencia por parte de las clases populares a costa del excesivo poder que hoy tienen los grandes grupos financieros y empresariales y rentas superiores en aquellos países. Ello debiera conducir a cambios en la orientación económica y fiscal de muchos partidos de centro izquierda e izquierda (que tradicionalmente han representado a las clases populares), que, al hacer suyas las políticas neoliberales, se convirtieron durante estos años en parte del problema, en lugar de en parte de la solución.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR
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